Comisarías, cinturón maya de Mérida

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 6 de mayo, 2016

Ha pasado un mes desde que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se enfrentaron a los habitantes de la comisaría de Chablekal. La herida sigue abierta. La gente aún recuerda lo sucedido. Mientras, la asociación de derechos humanos Indignación ha abierto cuatro mesas de investigación ante las autoridades.

El tres de mayo, un intento de desalojo terminó con violencia. Los policías lanzaron gases lacrimógenos a los ciudadanos, que tiraban piedras, para defender a Salvador Chi, de 94 años, y sus familiares, a quienes la fuerza pública pretendió desalojar de su domicilio por una denuncia de Antonio Euán Chalé, sobrino de don Salvador.

Según los vecinos, los elementos de la policía robaron varios miles de pesos, bicicletas e hicieron desmanes en una tienda aledaña. Pero también los mismos habitantes saquearon la frutería San Román, propiedad de Antonio Euán.

La SSP detuvo a cinco personas, todos de Chablekal, que fueron liberados días más tarde “bajo reserva”; es decir, que si aparece nueva evidencia podría ordenarse su reaprehensión.

Después de los hechos, el regidor del ayuntamiento de Mérida, Rudy Pacheco Aguilar, del PRI, ofreció a nombre del gobernador Rolando Zapata Bello, una nueva casa para que habitaran don Salvador y su familia. Sin embargo el viernes, durante el acto para conmemorar el mes de los hechos, María Magdalena Euán Guardia, quien vive con don Salvador, declaró que “el gobierno y todo lo que dijeron fueron puras mentiras; no nos dieron nada y tampoco queremos nada”.

Reiteró –al borde del llanto- que no dejarán su hogar porque “es fruto del trabajo de mi abuelo, quien nunca ha robado nada”. Manifestó su tristeza al no recibir el apoyo de las autoridades.

Sobre lo presuntamente sustraído por los elementos policíacos, como bicicletas, expresó que “algunas cosas se lo llevaron ellos. Que lo disfruten porque creo que no tienen para comprarlas”.

Los abogados de Indignación, Ricardo Tut Soberanis y Lourdes Euan Chin, revelaron que actualmente están abiertas cuatro mesas de investigación en torno al caso Chablekal.

Una de ellas, dijeron, son las denuncias interpuestas contra las autoridades policiacas por los robos, agresiones y abuso de autoridad; consideraron que al ser la Fiscalía General del Estado juez y parte, una probable investigación sería llevada a cabo por las autoridades federales.

Aseguraron que la Procuraduría General de la República (PGR) ha dado fé de las lesiones por tortura de la que habrían sido víctimas los cinco detenidos. Sin embargo, no ofrecieron los documentos para confirmarlo.

También está en curso el acopio de datos sobre la situación real de seis predios, mencionaron. Señalaron que desde 2002 se inició el proceso de desalojo contra Salvador Euán, aunque hasta este 2016 fue cuando se llevó a cabo, pero la familia fue mal asesorada por sus abogados.

Como pruebas para desestimar el desalojo y la situación de los predios, serían herencias infundadas y papeles tramposos que se remontaban varias décadas atrás, agregaron.

Otra es la denuncia por impedir a Indignación realizar su labor como organismo de derechos humanos; así como el caso abierto de los cinco detenidos, mencionaron.

[b]Cinturón maya de Mérida[/b]

Cristina Muñoz Menéndez, miembro de Indignación, declaró que las comisarías alrededor de Mérida viven una situación distinta a la de la ciudad, pues son “un cinturón maya; quieren configurarlas como colonias, pero en realidad son pueblos mayas”.

En esa realidad, continuó, las autoridades locales, como los comisarios, se han “aniquilado” y se convirtieron en auxiliares administrativos de la ciudad de Mérida, por lo que no existe un verdadero representante de los habitantes de las comisarías, que permita resolver los problemas, señaló.

Indicó que Chablekal “es un pueblo avasallado por la ciudad y es un pueblo maya, con criterios fundamentales como la libre determinación”, por lo que el grito es “nadie viene a decirnos qué vamos a ser”.

Sobre el enfrentamiento, Cristina Muñoz reiteró que “las autoridades no han hecho un pronunciamiento; el gobernador ni una palabra, y la Codhey está absolutamente muda”. Consideró que la “invisibilización del caso parece sintomática” y es una admisión de la torpeza, pero también demuestra que “el que calla otorga”.

Afirmó que los tres poderes están relacionados con el proceso, desde el Legislativo que “no tiene contrapeso para el Ejecutivo en el uso de la fuerza; no hay rendición de cuentas a pesar de que se aprobó un presupuesto”.

El Ejecutivo, porque “no ha dicho ni una palabra, pero ha sido respaldado por la Federación al decir que el Escudo [Yucatán] se replicará en el país, pero es porque hay un desprecio a los ciudadanos, a pocos días de iniciado”, afirmó. Por último, “no sabemos si el uso de la fuerza es para crear un efecto disuatorio, criminalizar las protestas o generar la judicialización de los casos”, concluyó.