Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 1º de junio, 2016

43 integrantes del colectivo Ciudadanos Unidos por Mérida interpusieron un amparo en contra de la decisión del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, que ordenó al Ayuntamiento de la capital yucateca liquidar a AB&C Leasing de México un monto superior a 263 millones de pesos por la cancelación unilateral de la renta de 82 mil luminarias, desde la administración del panista Renán Barrera Concha.

En rueda de prensa, Alejandro Arjona Ordaz, Patricia McCarthy Caballero, David Sosa Solís, Juan Chaia Saaid y Gina Villagómez Valdés, dieron a conocer que interpusieron un amparo ante el Juzgado Cuarto Federal bajo el argumento que como habitantes de Mérida se verán afectados con la decisión del Tribunal Colegiado, por lo que solicitaron que se reponga el proceso y sean escuchados. Rechazaron que detrás de ellos esté algún interés político, sin embargo, en el local donde se llevó a cabo la rueda de prensa se encontraba presente Julio Sauma Castillo, quien fuera director de Desarrollo Social en la administración de Barrera Concha y ex secretario general del Partido Acción Nacional (PAN).

Al hacer uso de la palabra, Sosa Solís aseguró que ante la millonaria sentencia, los servicios públicos y las obras en la capital yucateca se verán afectados, por lo que decidieron interponer el recurso legal.

“No podemos perder de vista que es dinero público, que es nuestro dinero de nuestros impuestos el que se vería comprometido y el que dejaría de utilizarse para diversos servicios públicos, lo que resultaría un perjuicio para quienes habitamos Mérida”, justificó.

Por su parte, Alberto Arjona Ordaz dio a conocer que la Comuna meridana interpuso un recurso legal fue interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual ya fue aceptado.

“La administración de Barrera Concha interpuso recursos legales, uno de ellos fue aceptado por la Suprema Corte. Es importante porque este recurso, que es un amparo directo promovido por el Ayuntamiento, derivado de un juicio mercantil, ya fue admitido”, indicó.

Al preguntársele por qué presentaban el amparo en contra de la decisión del juez que determinó que la administración municipal violó la ley al momento de cancelar el contrato de manera unilateral, McCarthy Caballero descartó que se trate de un movimiento que pretenda defender otros intereses ajenos a los de la ciudad.

“Fuimos afectados desde el origen, desde la decisión de instalar unas luminarias en una ciudad que no cumple ni siquiera con las normas mexicanas establecidas en esa materia. La afectación a la ciudadanía vino desde la decisión unilateral de la autoridad y esto es una consecuencia; como toda acción a la ciudadanía, no podemos quedarnos impávidos; tenemos que actuar independientemente de lo que hagan las autoridades”, finalizó.


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