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La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 28 de abril, 2016

“Como Coparmex, vamos a denunciar a aquellos que no están a favor de los intereses de la sociedad”, advirtió el director en Yucatán del organismo empresarial, Gustavo Cisneros Buenfil, durante la conferencia de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la misma, para exigir a los senadores la aprobación de la Ley 3 de 3, como parte del sistema nacional anticorrupción.

Mientras el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Wálter, se reunía con los senadores, acompañado por miembros del consejo directivo y representantes de grandes empresas, en Mérida se llevó a cabo ayer la conferencia de prensa para solicitar “de la manera más amable que, por favor este tema que es primordial para la ciudadanía, lo atiendan”, expresó el Cisneros Buenfil.

Indicó que se envió una carta a los representantes de Yucatán en el Senado, pero sólo uno respondió y se comprometió a aprobar la ley. Las legisladoras Rosa Adriana Díaz Lizama, del Partido Acción Nacional (PAN), y la ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo Lara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), nunca contestaron a la solicitud empresarial. Sólo el panista Daniel Ávila Ruiz lo hizo, reveló.

El mensaje entregado a los legisladores es que “como sociedad queremos que apoyen la ley, queremos que la enriquezcan si es necesario, pero lo que no se puede es hacer de lado el problema, evadirlo y no tratar de hacer un mejor México para todos”.

Destacó que la Ley 3 de 3 es una iniciativa ciudadana, con más de 600 mil mexicanos que la firmaron, por lo que “abre un camino interesante” a los temas fundamentales que son el combate a la corrupción y la transparencia, un tema que castiga a todos en el país. “La percepción de la sociedad es que la corrupción es el principal problema”, agregó.

“Tenemos una imagen de corrupción en el exterior, tanto por los recientes escándalos, pero también por cuestiones que datan de mucho tiempo atrás”, manifestó. El empresario expresó que “las autoridades tienen que reconocer eso y tiene que cambiar. El que no lo reconozca y no quiera adecuarse será percibido de manera negativa y eso cambiará en el ánimo de la ciudadanía, sobre todo en elecciones. Es un llamado a todos los partidos, no sólo uno”.

Consideró que los legisladores han hecho observaciones sobre la ley, la cual es perfectible, pero hay elementos que son esenciales para un buen funcionamiento y practicados internacionalmente, que deben aplicarse en México; por tanto debe evitarse cambiarlas de fondo. “No es factible que las autoridades generen las leyes que ellos mismos van a vigilar”, afirmó.

“Vamos a ver quiénes realmente están a favor de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, quiénes no la consideran una prioridad, quiénes la quieren dejar sin dientes y que no se pueda castigar a quienes actúen fuera de la misma. Serán señalados”, enfatizó.

El director de la Coparmex estatal, Eduardo Espinosa Corona, explicó la iniciativa de Ley 3 de 3 debe ser aprobada antes del 30 de abril, fecha en que finaliza el período ordinario de sesiones, o en un período extraordinario. En tal caso, la aprobación deberá ser antes del 28 de mayo, fecha en que se cumplen los 12 meses de presentado el Sistema Nacional Anticorrupción. Si tras esa fecha no se alcanza una resolución a la Ley 3 de 3. Los legisladores caerían en desacato, pero el castigo se desconoce porque “¿quién los castiga?”, manifestó.

[b]Corrupción empresarial[/b]

Cisneros Buenfil expresó que la Ley 3 de 3 “también va contra los empresarios que caen en prácticas corruptas. Es una ley general porque es demanda”.

Señaló que la corrupción empresarial está en todo el país, pero hay sectores más propensos como la asignación de obras públicas, contratos y licitaciones, áreas que tienen que revisarse.

Consideró que es insuficiente evitar caer en la corrupción, sino que también deben denunciarse las prácticas ilegales. Recordó el ejemplo de Estados Unidos, donde existen los whistle blowers; personas que denuncian obtienen ahorros y beneficios por ello. “En México ocurre que se denuncia y las demás autoridades castigan”, manifestó.

“Bajo los nuevos planteamientos, podría ocurrir un beneficio material por denunciar la corrupción”, concluyó.


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