Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 28 de abril, 2016

Los diputados locales perdieron una oportunidad histórica de lograr normas jurídicas avanzadas en materia de acceso a la información y transparencia, pues la reciente reforma realizada por el Poder Legislativo local se quedó en una simple armonización con el marco legal nacional, consideró el director general de la asociación civil Información Accesible y Rendición de Cuentas (Iarac), Bogar González Gómez.

En entrevista con La Jornada Maya, el también integrante del Colectivo por la Transparencia indicó que los diputados locales no se atrevieron a proponer leyes en materia de archivo y protección de datos personales, lo que deja al recién promulgado marco jurídico como una adecuación a la legislación federal en esa materia.

“Yucatán se encuentra en la media. Creo que la gran oportunidad que se está perdiendo es que no vamos a la vanguardia como Coahuila o el Distrito Federal, que son estados que están desarrollando procesos más participativos y legislaciones más ambiciosas. Digamos que estamos haciendo la tarea pero no la estamos pasando con 10”, opinó.

Al referirse al Sistema Estatal Anticorrupción aprobado, por los legisladores yucatecos, el especialista opinó que no se trata aún de una ley sino de una serie de reformas realizadas al marco legal existente que facilita la persecución y castigo a quien se enriquezca durante su estancia en puestos de poder.

Recordó que actualmente la Ley Anticorrupción se discute en el Senado de la República, por lo que una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión, tendrá que ser armonizada por los estados.

“Ese sistema nacional anticorrupción implica la promulgación de dos leyes generales que son la Ley General de los Servidores Públicos y la Ley del Sistema Anticorrupción. Esas dos ya están comprometidas y se tienen que echar para adelante”, precisó.

Detalló que las reformas realizadas a nivel local son una serie de cambios hechos a la Carta Magna que le da mayor autonomía al fiscal del estado y establece acciones inmediatas para detectar actos de corrupción de cualquier servidor público.

“Lo que es indudable es que cuando haya una ley general tendrá que haber una armonización, así que si avanzamos en un modelo estatal, después viene la conformación de un sistema nacional que marque las directrices”, expuso.

Insistió en que una vez aprobadas las leyes generales tendrá que venir un proceso mediante el cual se adecúen los cambios realizados para el Sistema Estatal Anticorrupción con la norma general que emanará de la discusión que realizan los legisladores federales.

Apuntó que una vez que se aprueben las leyes pendientes en el Congreso de la Unión, todo aquel que realice actos de corrupción para enriquecerse se la pensará dos veces para realizarlo, pues las consecuencias serán graves.

Finalmente comentó que, a nivel mundial, México es reconocido como un país con marcos legales avanzados en materia de transparencia, empero, también es señalado como una de las naciones donde existen altos estándares de corrupción.


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