Buscan que COVID-19 sea considerada enfermedad de riesgo laboral

Legisladores de Yucatán han propuesto en la Comisión Permanente de Salud y Seguridad Social que la enfermedad provocada por coronavirus (COVID-19) sea considerada como riesgo laboral.

Dicha propuesta reformaría diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, y la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal.

La propuesta hecha por el diputado Manuel Armando Díaz Suárez, integrante de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), considera que durante una contingencia sanitaria ocasionada por una nueva enfermedad, es susceptible de ser considerada como probable enfermedad de trabajo.

Esto debido a que se trata de una enfermedad que contrajo un trabajador con riesgo de exposición, que al desempeñar sus actividades laborales tiene el antecedente de contacto con paciente o con persona confirmada con la nueva enfermedad.

La iniciativa incluye que deberá considerarse además, el nivel de riesgo de exposición por la ocupación que desempeña el trabajador, las características de frecuencia y la cercanía de contacto con personas con la nueva enfermedad, que en este caso es COVID-19.

A manera de antecedente, el diputado promovente expuso que ante la propagación de COVID-19, los países se enfrentan actualmente a la cuestión urgente de evaluar si es una enfermedad de trabajo. Para garantizar la cobertura de seguro, en particular a los trabajadores de los sectores más expuestos y  en varios países se han adoptado medidas rápidas para facilitar el reconocimiento.

“Los trabajadores al servicio del Estado, necesitan con urgencia que el coronavirus SARS-CoV-2 y cualquier otra enfermedad futura que ocasione una crisis sanitaria, se reconozca oficialmente como una enfermedad de trabajo. Ese reconocimiento garantizaría la prestación de asistencia médica completa y mayores beneficios sociales, a diferencia de si el tratamiento es de una enfermedad no profesional”, indicó.

Los diputados acordaron que al determinar que esta enfermedad sea considerada de riesgo, los empleadores tienen la responsabilidad de proteger a sus trabajadores de este riesgo en la medida de lo posible.

Esto implicaría que en los centros laborales haya estrictas medidas de higiene, distanciamiento social, equipos de protección personal en cantidad suficiente y del tipo adecuado (con una ejecución del programa correspondiente), y protocolos de pruebas, localización y seguimiento para los trabajadores expuestos y aquellas personas con las que hayan podido tener contacto, especialmente cuando los test se vuelvan más accesibles.

“El hecho de proporcionar este tipo de protección y reconocimiento a los trabajadores al servicio del Estado, será un punto de partida para demostrarles el respeto que se merecen al garantizar que se ponen en práctica medidas preventivas en la mayor medida posible y, si tienen la mala fortuna de contraer el COVID-19 en el ejercicio de su trabajo, que disfruten de un acceso justo a las prestaciones sociales correspondientes”, añadió el diputado.

En este sentido, si actualmente un médico de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado, un policía o un trabajador del Poder Judicial, se enferma con motivo de su trabajo durante esta actual situación de crisis sanitaria generalizada, qué tratamiento le da la legislación laboral burocrática y de qué forma garantiza sus derechos con motivo de enfermedades de trabajo y ante este cuestionamiento es que fue lanzada esta propuesta.

Edición: Laura Espejo