En Yucatán, durante el año 2020 fueron 20 personas las que perdieron la vida a causa del consumo de alcohol adulterado a pesar de que hubo decreto de Ley Seca en diversos momentos por confinamiento a causa de coronavirus (COVID-19), por lo que legisladores han propuesto en el Congreso del Estado que aumente de dos a ocho años de prisión para quienes vendan este tipo de sustancias.
En pleno del Congreso, la diputada Milagros Romero Bastarrachea, expuso que en Yucatán, el alcoholismo es un tema trascendente, debido a que hay registro de que las hospitalizaciones a causa de consumo de alcohol adulterado colocan a Yucatán en el primer lugar a nivel nacional.
Tan sólo en el año 2017, fue registrado un total de 9 mil 801 casos de intoxicación aguda por alcohol; un año después esta cifra aumentó a 10 mil 312, mientras que en el 2019 fueron 9 mil 603 casos.
Además, tomando en cuenta las cifras del año pasado, en medio de la pandemia, estas registraron 2 mil 418 personas intoxicadas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno federal con un corte hasta el 19 de diciembre
Sobre estas cifras, la diputada local expuso que uno de los muchos factores que lleva al estado a ocupar el primer lugar en intoxicación aguda por alcohol es la venta clandestina de vinos y licores que representa ingresos exorbitantes a los que se dedican a este comercio ilegal.
“Aun cuando en el año 2020 nuestro estado estuvo en cuarentena desde el mes de marzo, Yucatán siguió ocupando el primer lugar en mayores casos de intoxicación aguda por alcohol, entonces la conocida “Ley Seca”, generó como resultado que los números se vieran disminuidos, sin embargo, las ventas de alcohol clandestino en todo nuestro estado tuvieran un gran incremento”, añadió.
La diputada ha dio a conocer que las 20 muertes a causa del consumo de alcohol adulterado fueron registradas en Puerto de Progreso, Chuburná, Acanceh y mayormente en la ciudad de Mérida.
Ante esta situación, propuso que sean reformadas diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Yucatán en materia de Comercio Ilícito de Bebidas Alcohólicas.
“En la presente iniciativa se propone aumentar la penalidad de dos a ocho años de prisión y de doscientos a seiscientos días-multa al delito del Comercio Ilícito de Bebidas Alcohólicas”, explicó.
A pesar de que reconoce que esta no es una solución absoluta, la diputada local señaló que endurecer las penas deja claro que la salud y la vida las personas yucatecas es importante.
Edición: Laura Espejo
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