A las puertas de la Fiscalía General del Estado (FGE), un grupo de padres y madres de familia, cuyos hijos se encuentran en poder del estado, acusó a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa) de corrupción; y a la FGE de “fabricarles” carpetas de investigación por delitos que, según ellos, no cometieron.
Encabezados por la abogada Dariana Quintal, las y los quejosos compartieron sus historias de vida y diversos documentos en los que se les acusa de delitos como abuso sexual, maltrato infantil y omisión de sus responsabilidades como tutores, hechos que negaron en todo momento.
La licenciada aseguró que, en dichos documentos, incluso figuran declaraciones de los menores negando tales maltratos. “Aquí dice que su mamá no es ninguna alcohólica, que no es ninguna drogadicta, porque eso es lo que le imputan”, expuso con los papeles en la mano.
En ese sentido, solicitó al titular de la FGE, Juan Manuel León León, que de atención a estos casos que, explicó, llevan años esperando respuesta.
“Confiamos que nos va a dar una cita para que usted pueda conocer de primera mano lo que realmente está pasando, pues estos servidores públicos están poniendo ‘a modo’ la realidad”, señaló en referencia a los presuntos malos manejos de la dependencia.
De igual modo, los padres y madres de familia denunciaron que en el Centro de Atención Integral al Menor el Desamparo (Caimede) -en donde se encuentran algunos de sus infantes- son víctimas de malos tratos, e incluso violaciones, hechos que han sido evidenciados con anterioridad.
En respuesta, el gobierno del estado, a través de la Prodemefa, informó que todos los casos de niñas, niños y adolescentes que han quedado bajo tutela del estado han sido puestos a disposición por la FGE derivados de una denuncia por hechos posiblemente delictuosos contra ellas y ellos.
Una a una, a través de un comunicado, la dependencia desmintió varias de las versiones proporcionadas por las y los quejosos sobre la situación que tiene a sus vástagos bajo el cuidado de las autoridades estatales.
Investigaciones en curso, informes médicos descartando enfermedades oncológicas, omisiones en acuerdos por parte de progenitores no custodios y aclaraciones en los juicios, fueron algunas de las razones que el ejecutivo enunció en el documento.
Edición: Elsa Torres
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