Universidades deben supervisar que alumnos ejerzan con seguridad el servicio social: abogado

Diego Martínez Valor, abogado defensor de derechos humanos y director de Acciones por la Dignidad, opinó que el servicio social es parte del proceso educativo, por lo que las universidades tienen deber de supervisar que las condiciones en que las y los alumnos lo ejercen sean adecuadas; así como de procurar que sus derechos humanos no sean violentados por las autoridades o particulares con que se involucran durante la realización del mismo, especialmente cuando existen denuncias de sus estudiantes sobre estas situaciones.  

“Modificar las prácticas y políticas que atentan contra sus derechos humanos es una obligación que comparten universidades con las instituciones específicas donde realizan dicho servicio social y las autoridades de educación superior”, opinó.   

La agrupación acompañó hace unos días a María Guadalupe para interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), con el fin de que investiguen las violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de Karla por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán.   

Al estar en contacto con este caso, de acuerdo con el abogado, tuvieron la oportunidad de hablar con diversas compañeras y amistades que demostraban el hartazgo que existe entre la comunidad estudiantil de medicina respecto a los constantes malos tratos y presiones extremas con las que tienen que lidiar para ejercer su profesión por parte del profesorado o el personal sanitario con el que conviven al realizar su internado y servicio social.   

“Las vías para denunciar y encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo no existen ni son amigables con las y los alumnos”, expresó.   

Aunado a esto, indicó el activista, se les desalienta con comentarios que hacen alusión a lo duro que es la licenciatura y su deber de soportar situaciones de violencia para probar su valor y su compromiso para ser médicas o médicos.  

Lamentablemente, precisó, únicamente llevan a cabo acciones hasta que sucede un hecho grave. Tal es el caso de Karla, las condiciones en que realizaba su servicio social y la necesidad de recibir atención a su salud mental fueron conocidas por diversas autoridades que se negaron a proporcionarle una adecuada respuesta; sin embargo, hasta que sus compañeras y compañeros marcharon para exigir justicia, las autoridades de la Facultad de Medicina de la Uady se decidieron a realizar una junta para discutir sobre las condiciones del servicio social, esto a cinco meses de su muerte.  

Para el defensor de derechos humanos, las instituciones universitarias tienen que involucrarse en el servicio social de forma activa, no a través de oficios y sellos que validen su realización. A menudo, esta indiferencia ha convalidado que autoridades como la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Yucatán imponga responsabilidades excesivas e injustificadas al alumnado y ejerzan violencia en total impunidad contra ellas y ellos.  

“Esta actitud ha provocado que las y los estudiantes se sientan solos, con la necesidad de soportar violaciones a sus derechos humanos o normalizarlas para finalizar sus estudios… Ninguna de estas debe ser una opción y las autoridades universitarias, al evitar involucrarse, se vuelven partícipes y cómplices de las violencias que experimentan”.   

Según sus investigaciones, han encontrado que en las comunidades donde deben realizar su servicio social, los centros de salud no cuentan con infraestructura necesaria para fungir como vivienda adecuada de las y los pasantes. Las que cuentan con servicios básicos carecen de medidas de seguridad como candados o seguros en las puertas.  

En las aulas o en los hospitales donde realizan sus internados, los insultos, el menosprecio y las exigencias arbitrarias son usuales para quienes estudian la licenciatura. En estos contextos, las mujeres suelen recibir comentarios misóginos y machistas tendientes a reprobar o desafiar su deseo de ejercer la profesión, así como sufrir de violencia sexual.  

La agrupación exige justicia, verdad y garantías de no repetición para Karla y su madre. Esta exigencia debe traducirse en el inicio de procedimientos penales y/o administrativos con perspectiva de género y en contra de quienes violaron los derechos humanos de Karla; en la modificación de reglamentos, políticas y prácticas internas para ajustar la realidad que vive la comunidad estudiantil a una respetuosa de sus derechos humanos; en la creación de pautas y mecanismos que faciliten la denuncia de toda clase de violencia y la atención de la salud mental de sus estudiantes, en la reparación integral que merece la señora María Guadalupe Kú Coba por la muerte de Karla, entre otras.  

Están a la espera de que la Codhey investigue las violaciones a los derechos humanos en el presente caso y emita una recomendación ejemplar que permita avanzar hacia la no repetición de este tipo de situaciones en el futuro. Asimismo, instan a que la Fiscalía General del Estado de Yucatán investigue los hechos que rodean a la muerte de Karla con perspectiva de género, diligencia, exhaustividad y conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales. 

La Asamblea de Médicos Pasantes del Estado de Yucatán (AMPSSY) se creó durante la pandemia del COVID-19 con el fin de exponer las carencias que padecían, pues no les entregaban los insumos necesarios para afrontar la contingencia sanitaria, incluso el grupo de pasantes entró en paro de labores, tras un intento de negociación con las autoridades y su nula respuesta para exigir mejores condiciones en general para realizar el servicio social. 

Ricardo, uno de los fundadores de la asamblea, comentó que es responsabilidad de las escuelas garantizar que el lugar a donde son mandados los estudiantes sean seguros, que tengan insumos necesarios y servicios, pero no lo hacen. Durante mucho tiempo la comunidad estudiantil ha estado callada por miedo a represalias, pero ahora el silencio ya no es una opción.  

Los gobiernos, con tal de no contratar médicos para las comunidades, usan a los pasantes, señaló; además las y los estudiantes no se sienten apoyados por sus universidades. En su caso, por parte de la UADY, les dicen que ya no son estudiantes. “La facultad nos tiene abandonados”, lamentó.  

Para el médico, hay que dejar de romantizar al servicio social como una devolución para la sociedad, ya es obsoleto este discurso. Si bien, si puede ser de beneficio para las comunidades desprotegidas, pero debe restructurarse, garantizando la seguridad e integridad del personal.  

Entonces, de acuerdo con el especialista, el servicio social no debe ser de un año completo, sino seis meses, cuando mucho como las demás carreras, y tener un horario digno, que no sean explotados y que puedan hacerlo en parejas.

Edición: Elsa Torres