El Índice General de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia en Yucatán fue de 64 este 2020, mientras que en el 2019 alcanzó 56.7, lo que representa un incremento de 13 por ciento, según revelan los resultados del Programa Anual de Vigilancia, realizado por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán).
Por grupo, los tres participantes con mayor índice de cumplimiento fueron los pertenecientes al Poder Legislativo con 100, seguidos de los que pertenecen al Poder Judicial con 97.46 y los del Poder Ejecutivo con 92.09.
En contraste, los grupos con menor índice de cumplimiento resultaron los pertenecientes a Ayuntamientos, con 42.44; los del grupo de Sindicatos, con 33.33 y los organismos públicos municipales con 19.30.
Este índice, según explicó el organismo, promedia el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados sobre publicar y mantiene actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública.
De acuerdo con los resultados, 31 sujetos obligados cumplieron con la obligación de publicar y poner a disposición de la ciudadanía, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o en su propio sitio de internet, la información pública que mandata la ley; 41 sujetos obligados cumplieron parcialmente y 17 sujetos obligados no cumplieron con dicha obligación.
Fueron 31 sujetos obligados de la muestra total que obtuvieron 100 de calificación, entre los cuales destacan: la Secretaría de Administración y Finanzas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la Auditoría Superior del Estado (ASEY) el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSTEY) y el Partido Movimiento Ciudadano.
También, el Instituto de Vivienda del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación, la Agencia para el Desarrollo de Yucatán, la Secretaría de Obras Públicas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Organismo Público Municipal Descentralizado de Operación y Administración de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Reserva Cuxtal, entre otros.
A su vez, destacan los ayuntamientos de los municipios de Uayma, Mérida y San Felipe, al obtener 99.66, 99.60 y 97.01 de calificación en la verificación, respectivamente.
Por otro lado, los resultados evidencian que 17 sujetos obligados no cumplieron y, por lo tanto, obtuvieron cero de calificación: el Fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento; el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste 2050; el Fideicomiso para la Administración del Fondo de Apoyo a Víctimas del Delito, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mérida; los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Dzan, Dzemul, Kanasín, Motul, Ticul; y los ayuntamientos de Cuzamá, Dzilam de Bravo, Mayapán, Río Lagartos, Santa Elena, Tekal de Venegas y Telchac Puerto.
En cuanto a los 41 sujetos obligados que cumplieron parcialmente con sus obligaciones y que obtuvieron de 5.96 a 99.66 de calificación se encuentran dos partidos políticos, un sujeto obligado indirecto, un sujeto obligado del Poder Judicial, 12 del Poder Ejecutivo, un organismo público municipal, 21 ayuntamientos, dos organismos autónomos y una institución de educación superior.
“Cabe destacar que la verificación tiene efectos vinculantes, por lo que el incumplimiento total o parcial a las determinaciones emitidas por el Instituto puede derivar, en la aplicación de medidas de apremio previstas en la Ley y según el sujeto obligado del que se trate, en hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones o en el inicio del procedimiento respectivo por parte del Instituto”, detalló el Inaip.
En comparación con el Programa Anual de Vigilancia 2018, el primero en realizarse después de la entrada en vigor de la citada legislación, el incremento fue de 81 por ciento, ya que en ese primer ejercicio el índice fue de 35.45.
El objetivo del Programa fue constatar el cumplimiento de la ya referida obligación, generada durante el ejercicio del año a revisión, tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como en portales electrónicos propios. Se contempló para el proceso a una muestra integrada por 93 sujetos obligados.
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