Óscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida
8 de abril, 2016

Mientras que la primera de las once iniciativas relativas a la estrategia Escudo Yucatán enviadas por el gobernador Rolando Zapata Bello fue aprobada por parte de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, en el Congreso local, la estrategia de análisis del proyecto de decreto que endeudará al estado, se discutió en reunión privada entre diputados y asesores del Ejecutivo estatal.

Durante la jornada de ayer, las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, así como la de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, prosiguieron el análisis del paquete de propuestas en materia de seguridad, prevención social del delito, fortalecimiento de los cuerpos judiciales e inversión tecnológica en el rubro.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Antonio Homá Serrano, informó que ayer se celebró la primera reunión entre sus compañeros diputados que integran el mencionado organismo y representantes, asesores de la Agencia de Administración Fiscal, la Consejería Jurídica y la Secretaría General de Gobierno.

Según se dio a conocer, el encuentro tuvo por objetivo responder a preguntas específicas en torno a la iniciativa para monetizar y afectar ingresos y derechos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FAISE).

Los funcionarios dejaron en claro que la inversión será destinada a la seguridad y que en el dictamen se realizarán las adecuaciones a fin de establecer la certeza para el correcto uso de los recursos.

No se dio a conocer quiénes fueron los asesores que acudieron el encuentro, ni el cargo que ostentan en la administración pública estatal.

[h2]Los cómos son la duda[/h2]

En entrevista con La Jornada Maya, el diputado del PAN, Josué Camargo Gamboa, quien es secretario de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, aseguró que la negociaciones se vuelven lentas por las dudas de cómo se invertirán los mil 500 millones de pesos que el gobierno estatal pretende pedir prestados.

“El tema de seguridad ha sido tocado por la bancada del PAN desde que iniciamos el análisis del informe de gobierno. En su momento hicimos el señalamiento de los índices, que han ido empeorando, en materia de seguridad y crímenes dentro del estado. Nos llama mucho la atención que en su momento la bancada que representa al partido que está ahora en el gobierno minimizó la postura de Acción Nacional”, recordó.

Apuntó que a unos cuantos meses de esos señalamientos, de manera inesperada, el gobierno del estado ha marcado en su agenda el tema de seguridad como prioritario.

“Hemos podido encontrar coincidencias para poder construir lo que es necesario para la sociedad. Hay cosas en que no hemos coincidido y vamos a tener que llegar a acuerdos”. En la generalidad sí coincidimos, “pero a veces los cómos es donde no nos ponemos de acuerdo”, expuso.

[h2]Avanza Escudo[/h2]

Tras la aprobación del dictamen relativo a la iniciativa para expedir la Ley de Protección a las Personas que Intervienen en los Procesos Penales, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Celia María Rivas Rodríguez, resaltó que con el ordenamiento se garantizará el respeto de los derechos humanos de los involucrados, además de que se les brindará certeza jurídica y seguridad judicial.

“Se conceptualiza a las personas en situación de riesgo por fungir como testigos o denunciantes, además de que se reconoce la vulnerabilidad por relación parental o afectiva con quienes participan en las denuncias y procedimientos”, puntualizó la también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXI Legislatura.

“De igual forma se establecen sanciones a las personas que violen, incumplan o divulguen información sobre las medidas de protección que sean otorgadas. En general, el dictamen demuestra una ley congruente y una herramienta que promoverá la denuncia y la credibilidad sobre la actuación del poder público”, enfatizó.

En sesión de trabajo, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó por unanimidad la citada iniciativa del paquete entregado por el Ejecutivo estatal y su presidente, Daniel Jesús Granja Peniche, del PRI, solicitó se distribuya el dictamen a los 25 diputados a fin de que sea puesto a consideración del Pleno la próxima sesión ordinaria.

Ramiro Moisés Rodríguez Briceño, del PAN, consideró que con esta nueva norma se complementaría y modernizaría el marco jurídico de Yucatán en concordancia con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral.

Por su parte, Verónica Noemí Camino Farjat, del PRI, planteó algunas dudas respecto a la forma de organización que se propone para el Centro de Prevención Social del Delito y su Consejo Consultivo, así como a la forma en que se incentivará la participación de estudiantes y de la ciudadanía.

El panista José Elías Lixa Abimerhi manifestó la inquietud de su fracción parlamentaria para conocer la estructura interna que tendrían los órganos desconcentrados que se propone crear como parte de la nueva estrategia de seguridad.


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