Texto y Foto: Notimex
La Jornada Maya
26 de marzo, 2016
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detuvo la construcción de un desarrollo inmobiliario en un predio de 16.2 hectáreas de selva conocido como Rancho Bravo, en el norte de Yucatán.
La obra, que carecía del permiso para el Cambio de Uso de Suelo Forestal que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya había afectado 9.9 hectáreas de vegetación tipo selva baja caducifolia.
Por ello la dependencia procedió a imponer la medida de Clausura Temporal Total y el cese de toda actividad en el predio, además de abrir un procedimiento administrativo.
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable impone multas de 100 a 20 mil veces de salario mínimo, mientras el Código Penal Federal establece de seis meses a nueve años de prisión al que ilícitamente cambie el uso del suelo forestal.
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