Corre plazo para ley de transparencia

Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

20 de enero, 2016

Temas relacionados en materia de anticorrupción y rendición de cuentas siguen avanzado en el Congreso local.

En asuntos generales de la sesión de ayer, la bancada del panista, en voz del diputado Rafael Montalvo Mata, presentó la iniciativa de ley de acceso a la información pública para el estado y los municipios de Yucatán, que vendrá a armonizar la legislación local con el marco jurídico federal vigente.

La iniciativa vendría a reforzar el Sistema Anticorrupción de Yucatán, propuesto por los panistas desde diciembre pasado, cuyo marco legal fue enviado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, situación que pasó inadvertida para muchos, debido al ruido que causó el tercer informe del gobernador Rolando Zapata Bello.

Los panistas volvieron a la carga este martes, al presentar modificaciones. Montalvo Mata recordó que el 4 de mayo de 2015 se promulgó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual, dentro de su artículo Quinto Transitorio, señala el plazo de un año contado a partir de su entrada en vigor, para que las legislaturas de los estados armonicen las leyes relativas conforme a lo establecido en las mismas.

Asimismo, precisó que esa iniciativa establece, de manera enunciativa pero no limitativa, el alcance de los sujetos obligados de los estados a proporcionar información pública.

“Esto por un lado para que las propias autoridades, entidades, órganos y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, autónomos, y todas las entidades, tengan claro conocimiento que sus dependencias están ineludiblemente sujetas a las normas de transparencia y acceso a la información, según su condición, y por otro permite a los gobernados tener certeza de quiénes están comprendidos dentro de los propios sujetos obligados por la ley”, dijo.

Comentó que una de las innovaciones de la presente iniciativa es la creación de los comités de transparencia; el órgano interno y encargado de clasificar la información pública que se solicite.

Explicó que la creación de este órgano hace más transparente la función, en el sentido de tener la certeza de que todas las solicitudes lleven un correcto procedimiento y sus resoluciones estén adecuadamente sustentadas y fundamentadas.

“Una de las grandes virtudes de la legislación es la inclusión de la información proactiva y focalizada y la nueva política de gobierno abierto; la transparencia proactiva consiste en incentivar a los sujetos obligados a publicar información adicional a la que establece como mínimo la ley”, detalló.

De igual forma, explicó que la política de gobierno abierto tiene como objetivo coadyuvar a las instituciones que manejen recursos públicos y representantes de la sociedad civil en el establecimiento de políticas y mecanismos que clarifiquen el actuar de los mismos.

Apuntó que el nuevo marco legal que propone el PAN establece el procedimiento de impugnación que los particulares podrán interponer en contra de las resoluciones dictadas por las instituciones.

“Para ello se establece en la presente iniciativa la posibilidad para los particulares de interponer el recurso de revisión en contra de dichas resoluciones, estableciéndose claramente las causas de procedencia e improcedencia del recurso, los requisitos para su admisión y los plazos para que sea resuelto”, abundó.

Dijo que también se contempla la facultad de atracción, con lo que se busca homologar la Ley estatal con la federal.

“En la iniciativa se encuentran las medidas de apremio y las sanciones que el Instituto, en el ámbito de su competencia, podrá imponer a la autoridad estatal en la materia, para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de sus determinaciones”, finalizó.

[h2]Presentan plan de trabajo[/h2]

El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Fables Bauza, presentó el plan de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, en sesión de trabajo realizada este martes.

Resaltó la participación de todos los integrantes de la Comisión en la elaboración del documento y detalló que se fundamenta en un diagnóstico previo de la situación de la entidad en materia de desarrollo urbano, vivienda, infraestructura y movilidad.

La principal responsabilidad, afirmó, es fortalecer el marco jurídico en los mencionados rubros, con total disposición a escuchar las propuestas de organizaciones civiles, instituciones académicas y la sociedad en general.