Entre algunas observaciones que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) a los Centros de Reinserción Social (Cereso), es precisamente que sean generados medios de comunicación entre las personas privadas de su libertad y sus familiares en medio de la pandemia por coronavirus (COVID-19), de acuerdo con el presidente del organismo, Miguel Óscar Sabido Santana.
Durante el informe que rindió ante el Congreso del Estado, Sabido Santana expuso que durante 2020 realizaron ocho supervisiones a los cuatro Ceresos del estado y verificaron el cumplimiento de medidas de prevención en cuanto a COVID-19.
Las supervisiones fueron realizadas en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para verificar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como las supervisiones correspondientes al Mecanismo Nacional contra la Tortura.
Entre las primeras observaciones y sugerencias que plantearon a estos sitios es que todas las personas internas puedan tener comunicación con personas del exterior, sin que se ponga en riesgo la salud, citando como ejemplos, el uso de medios electrónicos, plataformas de internet, llamadas telefónicas, video llamadas, entre otros.
En relación a otras sugerencias para estos sitios, la Codhey informó que la CNDH no ha emitido información sobre el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
En este sentido, los últimos resultados con los que se cuenta en el estado corresponden a 2019 y la calificación fue de 7.18, por lo que Yucatán está en el lugar número 11 de los 32 estados de la República Mexicana.
Algunos otros aspectos que la Codhey sugirió a los Ceresos tienen que ver con mejorar los protocolos de prevención y de atención de contagios por COVID-19, además de las condiciones de infraestructura, a efecto de contar con instalaciones que aseguren una estancia digna hacia su interior.
“Hago un llamado a las autoridades penitenciarias a seguir trabajando en la reinserción social de las personas privadas de su libertad”, precisó el presidente.
El año pasado, la Codhey también visitó 36 cárceles municipales, y fue posible observar que a la mayoría le falta la asignación de recursos financieros y de personal calificado, lo que repercute en la carencia de sistemas de seguridad confiables y en la ineficiencia de las funciones de custodia.
Tampoco se cumplen las medidas de higiene y limpieza, y los espacios no son dignos ni suficientes paras las personas que están privadas de su libertad.
Otro aspecto que fue señalado es que el número de elementos con que se cuenta en la mayoría de las cárceles visitadas, es insuficiente, lo que repercute en la vigilancia de los arrestados, a quienes muchas de las veces se les coloca en situación de vulnerabilidad, con riesgos de cometer suicidios.
De igual manera no se mantienen registros de ingreso y egreso de las personas detenidas o arrestadas y de resguardo de pertenencias, además que muchas de las veces no se les notifica a sus familiares sobre la situación jurídica de la persona arrestada.
Otro aspecto tiene que ver con que no se cuenta con espacios para separar a la población arrestada, ya sea por género, por edad o por alguna condición particular.
Edición: Elsa Torres
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