Denuncian discriminación a menor con TDAH en escuela de Xcanatún

Juan Manuel Contreras
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 19 de diciembre, 2018

Asociaciones civiles denunciaron maltrato y discriminación hacia un menor por parte del personal de la escuela Álvaro Obregón, de la comisaría Xcanatún. El caso no es nuevo, ya que según testimonios, desde 2014 el infante ha sido víctima de diversas formas de violencia, presuntamente por ser diagnosticado con Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención (TDAH).

En rueda de prensa convocada por la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán, se hizo del conocimiento público que la situación representa un grave atentado a los derechos de la infancia vulnerable, ya que al agraviado le fue retirado el servicio de “sombra”, que recaía sobre el psicólogo Felipe Rodríguez Pacheco.

Desde el año pasado, la madre del afectado había denunciado ser víctima de violencia por parte del personal docente, administrativo y padres de familia, quienes incluso “tomaron” las instalaciones del liceo solicitando la expulsión del menor.

Pese al tiempo transcurrido y a que ya se debió dar inicio al proceso de reparación del daño y restitución de los derechos humanos violentados, esto no ha ocurrido, sino todo lo contrario.

Los denunciantes acusan a la secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, y al director de Educación Especial, Jesús Valencia Mena, de orquestar un plan para que sus subordinados propicien -aprovechando la condición del menor- que él mismo detone conductas negativas a fin de exponerlo y criminalizarlo, y que su madre no se oponga al retiro de su monitor.

Al día siguiente de que fuera privado de su “sombra”, el profesor Abraham Perera presuntamente lo insultó directamente y le dijo que su gato se había muerto, lo cual, para los denunciantes, se trató de una estrategia para alterar al infante.

“No entendemos las acciones deliberadas mencionadas. ¿Así es como demuestran que están a favor de la inclusión?, ¿de esta forma continuará trabajando el recién nombrado presidente de la Codhey?, ¿dónde está la protección a las mujeres y a la infancia que debe proporcionar el estado?”, cuestionaron las activistas.

Ante la situación, decidieron interponer un amparo, el cual recayó sobre el juez tercero de distrito, Ricardo Morcillo Moguel, a fin de que se le devuelva el servicio. Asimismo, exhortaron al juez a ponerse a la altura de las circunstancias y a “que no le tiemble la mano” para hacer que las autoridades responsables cumplan con su deber.

“Para un menor que ha sido víctima de discriminación, retirarle la sombra con la que tenía cierto apego es el equivalente a quitarle su silla de ruedas a una persona con discapacidad motriz. El solo acto ya es equiparable a la tortura”, sentenciaron.