Piden justicia por caso de joven maya violentado en 2016 en Yucatán

Sandra Gayou Soto
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 4 de diciembre, 2018

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI), Tania Renault; Martha Capetillo y Jorge Fernández Mendiburu, miembros del Equipo Indignación; y Adelaida Chablé Herrera (madre del menor afectado) entregaron esta mañana a la secretaria general de gobierno de Yucatán, María Fritz Sierra, más de 57 mil firmas provenientes de todo el mundo para pedir justicia, reparación del daño y que las autoridades pidan una disculpa pública al menor de edad José Adrián, por haber sido detenido arbitrariamente, golpeado y torturado en Chemax, Yucatán, por la policía municipal en 2016.

“Nos hemos sentido muy escuchadas, ahora vamos a salir rumbo al área de atención a víctimas con la licenciada Beatriz Zavala, porque queremos trazar una ruta de reparación del daño para la madre de José Adrián, para la familia y para José Adrián”, dijo la representante de AI.

Con la entrega de firmas están solicitando “el debido proceso, justicia, reparación del daño para José Adrián, menor de edad y maya con una discapacidad de hipoacusia, que fue torturado en 2016 y hasta el día de hoy no tenemos ningún proceso jurídico”, declaró Martha Capetillo, del Equipo Indignación, quienes fungen como coadyuvantes del caso que es llevado por Amnistía Internacional México.

[b]Caso emblemático[/b]

“Los hechos ocurrieron durante la administración pasada, en 2016, el objetivo de esta visita es de darle continuidad a un hecho a un caso que documentó AI en 2017”, dijo su directora ejecutiva. “José Adrián es un niño maya detenido arbitrariamente por la policía municipal de Xcan y fue detenido en febrero de 2016, después fue maltratado, golpeado, colgado de un techo, le quitaron parte de la ropa y lo amenazaron de que si no decía la verdad, que no sabemos a qué verdad se refiere, lo llevarían a un tutelar de menores”.

AI considera este caso “emblemático” por tres cosas: “lo primero es que la policía municipal no ha cambiado, no ha determinado el uso del protocolo policial homologado y ese es un deber del Estado, el Estado en todos los niveles de policía tiene que utilizar el protocolo policial homologado cuando hace una detención. Lo segundo que ha sorprendido profundamente es que en la Fiscalía prácticamente no hay diligencias de investigación hechas, ni una sola diligencia que pueda determinar la responsabilidad de las autoridades; y lo tercero que sorprende y que hoy por eso venimos a hablar con la Secretaria es que no hay una ruta de reparación clara para las afectaciones que ha pasado la familia de Adelaida y José Adrián”, puntualizó Tania Renault.

“Hemos venido a pedir al Estado que de alguna manera ayude a romper el ciclo de la impunidad, en un país de más de 98 por ciento de casos de impunidad necesitamos romper el ciclo y le hemos pedido hoy a las autoridades del estado de Yucatán que contribuyan, que hagan valer su obligación de investigar”.

[b]Reparación del daño[/b]

La ruta a seguir para la solicitud de reparación del daño se hablará entre Adelaida y José Adrián, “pero cuando unos hechos de esta naturaleza ocurren, el Estado tiene que asumir que han ocurrido, que son su responsabilidad y buscar las maneras en que la familia y José Adrián se sientan de alguna forma escuchados, se sientan reivindicados en su buen nombre. Estamos pidiendo como una parte de esa reparación, que la autoridad pida una disculpa pública ante esos hechos y que reivindiquen el buen nombre de José Adrián. Esperaríamos un resarcimiento económico, pero si quiero ser clara, que probablemente no es la prioridad , la prioridad es el resarcimiento moral”, indicó Renault.

También se le planteó a la Secretaría General de Gobierno tomar este caso como “punta de lanza para una reforma profunda, porque como ustedes saben se han denunciado en los últimos años muchos casos denunciados de tortura al interior de las prisiones, fundamentalmente las que están en presidencias municipales sin que hasta la fecha haya cuando menos una sanción, podía este caso, iniciar un proceso de modificación que permitiera a la actual administración impulsar un protocolo preventivo en materia de tortura y también de investigación”, dijo Jorge Fernández Mendiburu.

Remarcó que “lo primero es lograr justicia que se reactive la carpeta de investigación, que se junten las pruebas para iniciar todo este proceso. Los autores de la tortura están identificados, hay un proceso, la presidencia municipal, la instituciones de seguridad saben quienes estaban en esos turnos, saben quienes lo detuvieron hay un parte policiaco, no podemos mencionar sus nombres porque hay un tema de presunción de inocencia, que tendría que activarse con una sentencia”.

Adelaida Chablé, madre de José Adrián, agradeció a todos los que la han apoyado durante el proceso.

[b]Sorprende la brutalidad[/b]

Al preguntarle a la directora ejecutiva de AI sobre la respuesta de la secretaria general de gobierno de Yucatán, Tania Renault respondió: “creo que la secretaria se ha sorprendido del caso, del detalle, de la brutalidad, de los malos tratos que un menor de edad puede recibir en su estado”. La familia tuvo que abandonar la comunidad “porque estaban cotidianamente acosados por la policía y por otros miembros de la comunidad en el entendido que José Adrián había hecho algo que no era adecuado”.

De la reacción de la titular de la Secretaría General de Gobernación, la directora ejecutiva de AI dijo que fue “una reacción de escucha, una reacción de apertura y de abrir las puertas a casos que si no tienen el acompañamiento adecuado de una organización como Indignación, que no tienen el impulso de una organización como AI, estarían en el olvido y en lo invisible”.

[b]Riesgo serio[/b]

Finalmente a la pregunta expresa del Plan de Seguridad planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Tania Renault dijo que “tiene un riesgo serio al volver a los militares a la calle, en un contexto justamente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado la inconstitucionalidad de la ley de Seguridad Interior, el presidente y Morena presentan una iniciativa que no dialoga de ninguna manera con esta declaratoria de inconstitucionalidad, vemos grave vemos con preocupación una policía naval, una policía militar, una policía con incorporaciones de la Policía Federal pero con un mando castrense y el transitorio 2 de la iniciativa que todavía está en discusión en el Congreso de la Unión prácticamente desmantelada la policía civil de este país”.

Culminó diciendo que “el Ejército no está entrenado para la prevención del delito, no está entrenado para la relación con la ciudadanía, está entrenado para eliminar al enemigo y creo que las ciudadanas y ciudadanos en este país no somos el enemigo”.