La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
Mérida, Yucatán
Miércoles 28 de noviembre, 2018
De nueva cuenta, la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) que instaló una granja porcícola en Homún impidió ayer al actuario del Juzgado Cuarto de Distrito realizar una inspección judicial como parte del juicio de amparo interpuesto por representantes de infantes de Homún, ante la amenaza a su derecho a un medioambiente sano.
Tanto la extracción de agua como su descarga representan un riesgo de contaminación, además de que distintas autoridades otorgaron permisos de manera irregular y sin garantizar el derecho a la consulta libre e informada a la que tiene derecho un pueblo originario ante cualquier proyecto que se pretenda realizar en su territorio.
El día de ayer, PAPO impidió también la inspección solicitada en el incidente de incumplimiento de la medida cautelar decretada desde octubre y que consistía en paralizar por completo las operaciones de la granja.
“La empresa no ha cumplido la medida cautelar decretada y ha obstaculizado e impedido la inspección que determinaría que se encuentran incumpliendo la medida”, reza un comunicado expedido por el grupo de activistas Indignación.
Unas semanas antes, la empresa había ofrecido una inspección judicial como parte del juicio de amparo, pero se desistió de ella.
La diligencia de ayer se decretó desde el día 7 de noviembre, cuando Indignación, -junto con representantes de los niños-, interpuso el incidente de incumplimiento de sentencia. Desde entonces se programó para el día 26 de noviembre, es decir antier, pero representantes de la empresa negaron la entrada a personal del juzgado aduciendo que no sabían de la diligencia, a pesar de que estuvieron presentes pues incluso presentaron alegatos.
El día de hoy, la inspección inició a la hora acordada 10:15 de le mañana con inspección ocular de documentos. A la granja se llegó a las 11:15, después de la inspección de documentos que formaba parte de la diligencia, pero representantes de la empresa impidieron nuevamente el paso aduciendo que no era la hora acordada y se expresaron con prepotencia hacia el personal del juzgado.
A principios de octubre, el juzgado cuarto de distrito decretó la medida provisional y el 9 de octubre otorgó la suspensión definitiva en tanto se resuelve el amparo para proteger derechos de la infancia.
El 23 de octubre la Juez Cuarta de distrito otorgó un plazo improrrogable de cinco días hábiles para cumplir la suspensión y explicó que consistía en la paralización completa de actividades de la granja porcícola; y las sanciones de las que pueden hacerse acreedoras las autoridades que tienen la obligación de garantizar dicho procedimiento.
El plazo improrrogable se cumplió el pasado 6 de noviembre. Empresa y autoridades se encuentran en desacato ante la orden del juzgado cuarto de distrito.
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