La Jornada Maya
Foto: Óscar Rodríguez

Mérida, Yucatán
Martes 20 de noviembre, 2018

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) desaprobó, por medio de un comunicado, la determinación jurídica de clausura de operaciones de la empresa PAPO en Homún, afirmando que ésta cuenta con todos los requisitos legales para funcionar y que con su prohibición se afecta directamente la generación de empleos y el desarrollo de la comunidad.

La cámara estimó que la granja “cuenta con todos los permisos que se necesitan para poder funcionar”, además, alegaron que la comisión de diputados que visitó las instalaciones de la granja porcícola de Homún concluyó que la granja “supera los requerimientos que establecen las normas vigentes”.

La cámara del sector industrial remarcó que “las empresas son las que impulsan el desarrollo de las comunidades y de las personas que integramos la sociedad”. Por ello, la Canacintra afirmó que el desarrollo económico social y la sustentabilidad del medio ambiente deben permanecer en equilibrio.

“Tenemos que dar certeza a las inversiones locales, nacionales e internacionales que vienen a asentarse en el Estado; no es aceptable que se deje de cumplir con lo que corresponde y mucho menos que, ya que está terminada una inversión, se impida su operación”, opinó.

“Si a los inversionistas les solicitan una serie de requisitos de ley y éste los cumple, entonces debiera poder operar su negocio sin ningún problema. Cuando hablamos de cumplimiento de la ley nos referimos a su más amplio espectro que abarca el entorno social, medio ambiental, laboral y económico; todos estos aspectos cuentan con reglamentación que tiene que ser cumplida; e insistimos, en que, si alguna ley actual es imperfecta esta deberá ser corregida pero eso no debe impedir el funcionamiento de una empresa que cumpla la ley vigente al momento de llevar a cabo la inversión”, determinó.

Asimismo, la Canacintra exhortó a las autoridades estatales en la materia a dar una resolución que beneficie a los inversionistas y la generación de empleos en las comunidades del interior del estado, así como a fortalecer el estado de derecho.


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