La Jornada Maya
Foto: Facebook @fduady
Mérida, Yucatán
Viernes 7 de septiembre, 2018
La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) emitió esta mañana un comunicado en el que informa, ya se iniciaron indagatorias con los responsables de seguridad que la tarde de ayer impidieron el paso de medios de comunicación a una asamblea convocada por estudiantes de la Facultad de Derecho, esto con el propósito de determinar si incurrieron en un exceso en el ejercicio de sus funciones.
Durante la tarde de ayer se convocó a medios de comunicación a una asamblea, con el objetivo de informar sobre un proceso de elecciones irregular para elegir al próximo presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho.
Sin embargo, tal y como se puede observar en un video subido a redes, el camarógrafo y reportero de un medio de comunicación fueron detenidos por personal de seguridad del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, quien les prohibió el paso.
En tal video, los encargados de vigilancia argumentaron que “este es un lugar privado”, “hay casetas”, “hay rejas”, “se les pide allá permiso, ¿Dónde voy?, ¿Dónde quiero ir?”, “No puedes venir, no eres invitado, al menos para el campus no”, señalaron a los enviados del medio. Además de que les pidieron un oficio, el cual, señaló el reportero, nunca se ha pedido para ejercer su profesión al entrar a las instalaciones de la UADY.
Asimismo, la Universidad Autónoma de Yucatán señaló que no participó en el proceso electoral iniciado el día 5 de septiembre e informó que la convocatoria a medios para asistir a la asamblea fue una iniciativa de los mismos estudiantes.
Por último, comunicaron que tan pronto se concluya con la averiguación interna, se informará de la decisión tomada.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada