Katia Rejón
Foto: Archivo La Jornada Maya
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 28 de agosto, 2018

En entrevista con [i]La Jornada Maya[/i], el investigador Rodrigo Llanes Salazar, que entre otras instituciones forma parte de la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, explica que a diferencia de hace diez años en Yucatán parece aumentar el interés y el trabajo en materia de derechos indígenas.

El maestro en ciencias antropológicas e investigador, Rodrigo Llanes Salazar, tiene una amplia experiencia en el tema de derechos humanos de indígenas y campesinos de Yucatán. En las últimas semanas ha presentado una serie de documentos que dan cuenta del contexto agrario del país y la península como el Informe sobre la Jurisdicción Agraria y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Campesinos en México, de Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez Godoy y Jorge Fernández Mendiburu; el libro ¡La tierra no se vende!, de Francisco López Bárcenas; y este martes, el Informe de la Relatora Especial de la ONU en México, que se presentará, como los anteriores, en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS).

[b]¿Cuál es el contexto en el que surgen estos documentos?[/b]

Hace una década se pensaba que los problemas de las comunidades indígenas estaban en Chiapas o Guatemala, donde había problemas graves como genocidios y desapariciones. En Yucatán, aparentemente, no pasaba nada y a raíz de la reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se dieron manifestaciones más bien culturales: la demanda por hacer oficial la lengua maya, la educación intercultural, el acceso a zonas arqueológicas, entre otras.

No es que no hubiera despojos de tierras o compraventas ilegales, pero después de la autorización de siembra de soya genéticamente modificada y sus repercusiones, fue cuando empieza a construirse un discurso de afectación al pueblo maya, el medio ambiente y el tema de las consultas previas.

[b]¿Cuándo empieza a verse el interés de activistas y organizaciones sobre el tema?[/b]

En el 2012 empezaron los amparos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Hubo un interés de organizaciones nacionales e internacionales y eso provocó que en la península se creara una red de trabajo. Abrió una puerta de defensa.

Cuando Indignación inició con sede en Chablekal, tenían un enfoque de derechos civiles y políticos. Pero comenzaron a ver que ahí mismo, en Chablekal, se reducía el ejido para proyectos que excluyen a las personas que viven ahí. Los habitantes originarios de la región sólo trabajan en el área de servicios y la realidad misma exigió que se especializaran en el tema agrario.

¿Cuál ha sido la postura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey)?

Hizo una recomendación por el tema de Ricardo Ucán Seca, indígena maya preso en Tekax que fue detenido sin intérprete y traductor en el 2009. Recuerdo también la de Caucel por la oposición de ejidatarios en el tema de tierras. De ahí en fuera, su participación ha sido nula en el tema agrario. No ha habido ninguna recomendación general y lo ameritaría.

Dicen que el conflicto de las tierras es un tema federal y por eso no les compete. Es la salida fácil de la Codhey para muchas cosas.

[b]Y ahora con el nombramiento de un delegado por estado, Joaquín Díaz Mena en nuestro caso, ¿ven más posible un acercamiento para atender los conflictos agrarios?[/b]

Tal vez soy demasiado optimista y hay muchos intereses que a lo mejor no alcanzamos a ver, pero se espera que un partido de izquierda le dé mayor atención a estas cosas. Esperamos una mayor cercanía con el ámbito federal para facilitar ciertas cosas.

[b]¿Qué se tendría que hacer para que estas instituciones agrarias sean más eficientes?[/b]

La Procuraduría Agraria surgió como una institución de defensa de derechos de los campesinos y sus tierras, y se ha pervertido completamente. Son los funcionarios o exfuncionarios los que asesoran empresarios. No sólo no cumplen con su función, sino que cumplen con una función contraria. Se necesitarían funcionarios con vocación y visión de la defensa de las tierras y derechos de ejidatarios, comuneros, campesinos e indígenas.

Mérida como capital queda lejos de muchos municipios. Las personas gastan dinero que generalmente no les sobra para venir y hacer largas filas sin que resuelvan los casos. A eso se le suma que casi todos los discursos mediáticos y publicitarios muestran un estilo de vida completamente distinto al de las comunidades. Debe trabajarse en la valorización de elementos que se tienen en la región, donde se les ha enseñado que lo suyo no vale nada. Para mucha gente sólo es monte.

[b]¿Se han agudizado los problemas con el tiempo?, ¿cómo está Yucatán en relación con otros estados?[/b]

De seguir estos procesos sí se puede llegar como otros estados. Ahora que se presentó el informe de la Relatora Especial de la ONU, ya se incluye un caso de Yucatán cuando hace 15 años la península no aparecía. Hay cosas que han aumentado. El caso de las energías renovables es ilustrativo porque de no tener nada ahora tenemos alrededor de 20 proyectos. Nadie estaba preparado para eso y hay muchísimos intereses y dinero en juego.

El discurso en torno al desarrollo de Yucatán es parte de las contradicciones de los derechos humanos. No estoy en contra del desarrollo pero se espera que respete a los derechos humanos y ambientales. No sólo tratando de contener o mitigar las consecuencias, sino cuestionar los proyectos de raíz, hacer las consultas previas y no cuando el proyecto está avanzado. El modelo que siguen es anticuado y vertical: aquí ponemos una planta automotriz, aquí una cervecera ¿y la población? Ni siquiera la contemplan.


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