Falta de sensibilidad del poder legislativo en casos de violencia contra la mujer

Katia Rejón
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 27 de agosto, 2018

“No es posible que en el estado de Yucatán sea más grave robar una vaca que abusar sexualmente de una menor”, expresa en una entrevista telefónica la activista Adelaida Salas Salazar, quien dirige el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Hace dos semanas, la Alerta de Violencia de Género en Yucatán (AVG), impulsada por activistas de derechos humanos entre las cuales se encuentran Nancy Walker Olvera y Adelaida Salas, fue declarada improcedente. La Secretaría de Gobernación consideró que “no hay elementos ni objetivos suficientes” porque el Gobierno del estado atendió algunas de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

No hay elementos suficientes, pero desde la resolución, dos niñas de ocho años, una de seis, una mujer embarazada y una adolescente, por lo menos, han sido víctimas de violencia sexual y feminicida. Sólo en la segunda mitad de agosto. La prensa local ha dado amplia cobertura al caso de Ana Cristina de seis años, tirada a un pozo en Tahdziú, después de haber sido violada y estrangulada. Un caso que llega unos días después del intento de abuso sexual y feminicidio a una pequeña de ocho años del sur de Mérida, y después de la violación de una niña, también de ocho años, por parte de su padrastro en Kanasín.

Adelaida Salas destaca otro caso acontecido también en los últimos días, una mujer embarazada a la que asesinaron dentro de su propia casa, también en Kanasín. “Este caso, presuntamente cometido por celotipia, apareció en algunos medios destacando que la mujer le era infiel al agresor. ¿Y qué? Es increíble la falta de sensibilidad para tratar casos tan tristes como éste”, comenta.

Además de los casos mencionados anteriormente, hace una semana se supo que en la colonia Emiliano Zapata Sur II un hombre violaba a la hija de su pareja desde hace cuatro años. Salas Salazar cuestiona el hecho de que los acusados de delitos sexuales cumplan condenas en libertad, o una pena de seis años.

“Lo máximo que pueden otorgarle al culpable del feminicidio de la nena de seis años en Tahdziú es de 50 años, y creemos que esta sentencia es nada. Su vida no valía 50 años. Necesitamos penas de cien años, por lo menos, que los agresores sepan que no habrá impunidad”, agrega.

Recuerda que éstas no han sido las únicas violaciones a menores ni los únicos feminicidios. “Hay cientos de mujeres que han sufrido estos delitos. En este momento hay niñas y mujeres sufriendo abusos y violencia dentro de sus propias casas por el padre, el padrastro, el hermano, el tío o el vecino. Es inaceptable permitir que sigan ocurriendo estas cosas”, manifiesta.

[b]Alerta de Género[/b]

Por su parte, Nancy Walker Olvera, socióloga y activista yucateca, destaca que tanto la Alerta de Género como las recomendaciones emitidas por la Conavim al Gobierno del estado son lo mínimo que se puede hacer ante un sistema patriarcal y machista que violenta sistemáticamente a las mujeres.

La Alerta de Violencia de Género se ha declarado en municipios del Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí y Guerrero. Establece prácticas de emergencia para garantizar la seguridad de las niñas y mujeres; eliminar las desigualdades jurídicas y contribuir al cese de las violencias contra las mujeres. También busca profundizar en las causas del incumplimiento de sus prerrogativas para poner fin a ellas.

Walker Olvera opina que el proceso de erradicación de la violencia machista es algo lento que empieza por sensibilizar a las personas encargadas de velar por la seguridad. Empieza, agrega, capacitando a los funcionarios y eligiendo perfiles idóneos al frente de las instituciones.

Salas Salazar lamenta que den “un paso adelante y diez para atrás, avanzamos con la emisión de la Alerta de Violencia de Género, y la rechazan; avanzamos para aumentar la pena máxima para los feminicidas a 50 años, y no se usa”. Con todo, Walker Olvera dice que a partir del proceso para emitir la AVG se hicieron algunos avances como el aumento al presupuesto para el Instituto Municipal de la Mujer, sin embargo, insisten en la falta de sensibilidad y acción por parte de los poderes legislativo y judicial.
Para volver a solicitar la AVG tendrán que esperar tres meses.

Seguirán trabajando de cerca con el tema de la violencia de género en el estado y los próximos perfiles y presupuestos para las instituciones clave, sobre los perfiles que se han dado a conocer hasta ahora por parte del gobierno estatal y municipal, Adelaida Salas Salazar comentó que el de Vila “ahí va”, pero el de Renán Barrera sigue siendo “un club de Toby”. En el gabinete del próximo alcalde de Mérida, sólo hay cuatro mujeres al frente de una dirección y Fabiola García Magaña como directora del Instituto Municipal de la Mujer.

“Deberían ver que en la parte federal, la paridad ya se está dando. Tanto el equipo de trabajo de Huacho como el gabinete de Andrés Manuel tienen presencia de mujeres. Pero paso a paso, si no lo harán por voluntad política, al menos por ley”, comenta Salas.

Sobre el mismo tema, Nancy Walker agrega que todavía falta ver los perfiles que dirigirán el DIF, la Prodemefa, el Centro Estatal de Víctimas, el Centro de Justicia para las Mujeres, el Centro Estatal para la Atención de Víctimas y demás instituciones encargadas de la justicia a mujeres y niñas.

“El gobierno debe estar consciente de que deben de dar los recursos suficientes. Una cosa es tener perfiles idóneos pero también que haya presupuesto”, finaliza.