Nuevo conflicto ejidal en Tetiz; acusan a comisario destituido

Óscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 14 de agosto, 2018

Un nuevo conflicto ejidal tiene lugar en Tetiz, donde campesinos revelaron que Francisco Javier Chim Poot, ex comisario ejidal, en contubernio con dos empresarios, les despojó de mil 960 hectáreas de uso común, que fueron vendidas en 2013 por un monto de 12 millones de pesos.

En conferencia de prensa realizada en el local de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), el presidente del Consejo de Vigilancia del ejido, Manuel Jesús Aké Puc, dio a conocer que el pasado 22 de julio se reunieron los ejidatarios en asamblea y destituyeron a Chim Poot.

Apuntó que tal situación se dio porque los campesinos aseguran que el ex comisario ejidal es responsable de un presunto fraude que fraguó con los empresarios Armando Ceballos y Rodrigo Vega.

Recordó que la venta se efectuó hace tres años, cuando se realizó una asamblea ejidal en la que se enajenaron dichas tierras, pero el ex comisario concluyó su gestión sin que los parcelarios vieran el dinero.

Señaló que el plazo máximo de pago se estableció en un año, pero transcurrieron los 12 meses sin que recibieran lo acordado, por lo cual recurrieron a los compradores, quienes afirman que ya pagaron.

Aké Puc aseguró que mantienen la sospecha de que Chim Poot se confabuló con los empresarios para despojarlos de sus tierras, pues a la fecha no se han entregado los 30 mil pesos que le tocan a cada ejidatario.

Estableció que actualmente está al frente del comisariado José Miguel Ucán Mendoza, quien ha emprendido acciones para lograr que se pague a los ejidatarios los casi 12 millones de pesos.

Indicó que ya se han interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y se han acercado a los tribunales agrarios, toda vez que son más de 443 las personas afectadas por este problema.

Finalmente, comentó que ante la tensa situación que impera en el ejido, más de la mitad de los propietarios de esos predios ha demandado que se suspenda la operación de compra-venta, mientras que el otro 50 por ciento sólo demanda que se le pague.