Consulta con comunidades, innecesaria porque trabajamos con ellas: Batllori

Paul Antoine Matos
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 30 de julio, 2018

El Acuerdo por la Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY) “no había que consultarlo con las comunidades indígenas, porque lo trabajamos con las comunidades indígenas”, declaró Eduardo Batllori Sampedro, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (Seduma) en Yucatán.

En entrevista, el funcionario estatal afirmó que en Yucatán se ha colaborado con diversas comunidades indígenas por medio de talleres, para fortalecer su biocultural, por ejemplo los programas estatales de biodiversidad en torno a la milpa, o los apicultores que requieren la conservación del entorno, y la gobernanza en el sur de la entidad, con el trabajo en derechos humanos con los carboneros y pescadores, así como el intercambio de saberes, o la península como zona libre de transgénicos.

En un amparo ante jueces federales de Quintana Roo y Yucatán, se dejó insubsistente al ASPY hasta que se incorpore la consulta pública indígena, apartados sobre el desarrollo y la construcción del acuerdo con los mayas peninsulares y su inclusión, así como la publicación en los diarios oficiales, en las lengua español y maya.

“Esto se resume y se planteó ahí (en el ASPY), no es algo nuevo para el gobierno yucateco, eran trabajos y talleres que se han estado realizando con las comunidades y solo queda establecido en el acuerdo”, declaró.

Al mencionar el ASPY la intensificación de las actividades ganaderas y agrícolas, se trata de los proyectos silvopastoriles que incorporan la siembra del ramón o el chacá para impulsar en el sur de Yucatán, explicó.

Expresó que “tal vez en los ejidos de Bacalar, Quintana Roo no consultó con ellos, o en Campeche no se trabajó en algún área. En el caso de Yucatán, de los transgénicos también se trabajó en Campeche”.

“Hemos trabajado con muchas comunidades mayas en talleres, eso se plasma en este proyecto aspiracional con base fuerte en los objetivos para el desarrollo”, aseguró.

Manifestó que el amparo interpuesto “fue un golpe a los esfuerzos de integrar la península con una sola visión”, lo cual pone en riesgo la disputa desde las entidades frente a la Federación en proyectos como la soya transgénica o los energéticos, que solo se enteran los estados cuando ya han sido autorizados.

“La visión peninsular es para establecer un refuerzo para contener o trabajar proyectos que se dan en otros niveles de organización que se aterrizan en los estados. Queda insubsistente la defensa de proyectos federales que no avisan”, expresó.

Indicó que en el caso de la consulta pública, el juez tendrá que ser específico en qué comunidades se realizará y qué características tendrá, porque “es inviable” que se haga a los 950 mil habitantes mayas ubicados en tres mil localidades de la península, debido a las dificultades que se han tenido en casos como Hopelchén, que llevan tres años en acuerdos previos, o Muna, que no han avanzado tras varios meses.

Indicó que la siguiente administración estatal tendrá que tratar también el tema del ASPY.