Paul Antoine Matos
Foto: Robin Canúl
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 9 de agosto, 2016

Los apicultores de Yucatán generaron en 2015 una ganancia de 400 millones de pesos para ellos por la producción de miel, por lo que las quejas de Alejandro Monteagudo Cuevas, presidente de Agrobio agrícola –agrupación de empresas de biotecnología, que manejan transgénicos–, son “infundadas y absurdas”, manifestó el director de Miel integradora, Federico Berrón Autrique, en entrevista.

La semana pasada, Monteagudo Cuevas declaró que “el cultivo de la soya en la península tiene un valor de 600 millones de pesos y deja una derrama económica de mil 500 millones de pesos”, los cual estaría en duda, debido a que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” (Sagarpa) no emitió los permisos para la siembra de semillas genéticamente modificadas, o transgénicas.

Pero Berrón Autrique enfatizó que las declaraciones del presidente de Agrobio agrícola son absurdas, porque las ganancias de las empresas que comercializan los transgénicos, como Monsanto, no son vertidas en la entidad. Mencionó que en la península hay aproximadamente 60 mil colmenas de abejas.

Además, las compañías de organismos genéticamente modificados (OGM’s) no realizan estudios de externalidades; es decir, sobre los efectos que los transgénicos tienen sobre la sociedad y el medio ambiente, los cuales son graves, porque se arrasan hectáreas de selvas. Esas mismas empresas tampoco están obligadas a responder ni pagar por los problemas que generan. Cuestionó cómo tasar el precio al agua que se contamina o a las selvas que se deforestan.

“Son acciones a costa de los apicultores y el planeta; Monsanto promueve una corrupción asquerosa a través de los paquetes tecnológicos que ofrece a los gobiernos”, acusó.

El uso de agroquímicos, como el glifosfato y transgénicos, afecta a la agricultura, porque los grandes empresarios buscan a los ejidos y los adquieren; así se avanza en la destrucción de la hierba con el falso discurso de combatir el hambre, expuso.

Al verse el Estado rebasado en ofrecer las oportunidades económicas a sus habitantes, los inversionistas y capitalistas, que ven la agricultura como una industria, adquieren grandes porciones de terreno, incluso por encima del artículo 59 de la Ley Agraria que señala que la selva no se puede parcelar, explicó.

“En el sistema transgénico, una persona con un tractor puede trabajar 500 hectáreas al día y, con el glifosfato, puede sembrar más rápido. Mientras que un orgánico es derrotado constantemente por el crecimiento del césped. Pero con el tiempo, las hierbas malas adquieren resistencia a los agroquímicos, entonces se tiene que duplicar o triplicar la cantidad de glifosfato que se aplica, lo que genera más contaminación a la tierra”, afirmó.

Berrón Autrique consideró que el gobierno de Yucatán ha entendido la importancia de proteger a los agricultores y apicultores que no utilizan los químicos o transgénicos, porque en la entidad se tiene la milpa que genera productos que se pueden exportar a mercados extranjeros.

“El gobierno de Yucatán entiende que podemos ser el granero orgánico de Estados Unidos, es un negocio más rentable vender esos productos orgánicos que destruir la tierra”.

[b]Catástrofe transgénica[/b]

Hasta donde se sabe, en Yucatán no se siembran transgénicos, pero si eso llegara a ocurrir “sería una catástrofe”, porque los OGM’s “construyen desiertos”. Indicó que la parte más vulnerable de la península es el centro, especialmente el área de Los Chenes, en el que el grupo activista Ma OGM ha descubierto sembradíos de maíz modificado.


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