Comunidades tendrán apoyo legal en lucha contra transgénicos

Sector maya podrá solicitar asesoría de Semarnatcam y SDR

Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Lunes 29 de enero, 2018

Las 38 comunidades indígenas mayas ubicadas en la región de Los Chenes, Tenabo y Campeche, que se oponen rotundamente a la siembra de soya transgénica en sus suelos, ya tienen una nueva herramienta legal para exponer este asunto; contando con el apoyo del gobierno del estado.

A raíz de que se publicó y entró en vigor el Protocolo para declarar a Campeche zona libre de transgénicos, el pasado 22 de mayo, signado por el Ejecutivo estatal, las comunidades indígenas pueden solicitar la asesoría de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnatcam) y de Desarrollo Rural (SDR).

En entrevista con La Jornada Maya, el titular de Semarnatcam, Roberto Alcalá Ferráez, explicó que con la entrada en vigor de este protocolo, ambas secretarías actuarían como interlocutoras en la solicitud de negativa de los pueblos indígenas mayas para que se siga sembrando soya u otro tipo de transgénico.

Con esto se pretende seguir el procedimiento legal, paso a paso, ante las instancias responsables como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), para que se atienda la demanda de quienes se sienten afectados.

Alcalá Ferráez indicó que con esta herramienta se pretende evitar que declaratorias de gobiernos estatales, como la realizada por Yucatán, se vengan abajo por no seguir un orden legal.

Por ello, agregó, el protocolo pone a la Semarnatcam y a la SDR como las instancias con presencia jurídica para la defensa de quienes se sientan afectados por la siembra de transgénicos.

Por último indicó que este protocolo pretende ser un modelo para que las comunidades indígenas que están en contra de la siembra de soya, o cualquier transgénico, tengan un instrumento legal mediante el cual puedan exponer su rechazo a estos cultivos. Pero eso dependerá de que cada gobierno estatal lo institucionalice.