Texto y foto: Antonio Ortiz
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Domingo 29 de abril, 2018

A dos años de la denuncia que interpusiera el PAN nacional ante la ex Procuraduría General de Justicia del Estado por la destrucción de la propaganda política del hoy gobernador Carlos Joaquín y de que el Partido Verde Ecologista viera fructificar su inversión al ganar la presidencia municipal de Benito Juárez en 2016 con Remberto Estrada, gracias a la entrega de despensas para la compra de votos y conciencias, Héctor Marcos Díaz Santana Castaños afirmó que la Fepade sí sirve.

“Por supuesto que sirve para algo la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales”, al asegurar que gracias al trabajo contundente hoy 800 personas tienen una orden de aprehensión al mentirle a la autoridad electoral federal y cambiar su domicilio de residencia de Yucatán a Quintana Roo para incidir en las votaciones; pese a que muchos fueron obligadas bajo amenaza de perder su trabajo en los municipios presididos por gobiernos priístas o a cambio de mil pesos para conocer las playas de Cancún.

Sin embargo, al recordarle que el año pasado, antes de que corrieran al anterior titular de la Fepade, aparentemente por transgredir el Código de Conducta de la PGR, Santiago Nieto prometió que “castigaría a los verdaderos instigadores” detrás del llamado “turismo electoral”, insistió que hay 800 órdenes de aprehensión en contra de los delincuentes electorales, de las cuales sólo 220 han sido cumplimentadas.

Informó que desde que inició el proceso electoral 2017-2018, el pasado ocho de septiembre, la Fepade tiene registrada a la fecha mil 500 asuntos, de los cuales 600 están relacionados con las votaciones, seguidos por cambio de domicilio, actividades de precampaña y uso de recursos públicos condicionados a programas sociales.

Pero recordó que en materia de delitos electorales, se sanciona a las personas y no a las instituciones o partidos políticos, tras preguntarle si habría castigos en contra de dirigentes y ex dirigentes del PRI.

Acompañado del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, con quien firmó el “Programa de Trabajo y del Compromiso por el Blindaje Electoral” en la Universidad del Caribe, hizo un llamado a todos los funcionarios como a la sociedad a velar por el proceso electoral y garantizar la civilidad y la seguridad el día de la votación sin que haya ninguna situación violenta, Héctor Marcos Díaz no quiso confirmar que hay una orden de aprehensión por la presunta manipulación indebida del listado nominal de electores en el 2016 en contra de Mayra San Román Carrillo, consejera presidente del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Junto con Luis Alberto Alcocer Anguiano, actual enlace de servicio institucional, y Adrián Ámilcar Sauri Manzanilla, jefe de informática del organismo, como parte de una denuncia interpuesta hace dos años por la consejera electoral Claudia Carrillo.

Sólo se limitó a corroborar que hay una denuncia presentada ante la Fepade y que es un asunto que se está judicializando bajo la presunción de inocencia, hasta comprobar lo anterior; pero no quiso decir si los tres funcionarios del Ieqroo fueron citados para el próximo cuatro de mayo, ante el temor de incurrir en un error y correr la misma suerte que su antecesor.
Por otra parte, aseguró que a nivel nacional no hay denuncias por amenaza en contra de algún candidato a los diferentes cargos de representación popular que están en juego este primero de julio.


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