La Jornada Maya
Foto: Fernando Eloy
Ciudad de México
Jueves 30 de agosto, 2018
Debido a que las autoridades actuales no han dado las garantías para la realización de la mesa de diálogo sobre la consulta indígena por la siembra de soya transgénica y han incentivado la división entre los pobladores, comunidades mayas de Campeche informaron que pedirán que se realice en la próxima administración.
Detallaron que durante la séptima sesión de consulta en la fase de acuerdos previos realizado el pasado 25 de agosto en el municipio de Hopelchén, el comité de enlace de comunidades mayas determinó que no existían condiciones de seguridad para llevar a cabo la reunión pues se registró la presencia del grupo de soyeros, que ha propiciado conatos de enfrentamiento entre los asistentes.
En un comunicado advirtieron que ese grupo fue invitado por las dependencias encargadas para tratar asuntos de deforestación ilegal, cuando esas facultades le competen a la Profepa y PGR.
Las comunidades sesionaron fuera del recinto y reiteraron que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no han cumplido con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tampoco han garantizado la bioseguridad en la región al permitir la siembra, cosecha y comercialización de soya transgénica, al mismo tiempo que han violado e incumplido los acuerdos realizados con el pueblo maya.
“Es importante señalar que Cibiogem y CDI durante la fases informativas omitieron hablar sobre las afectaciones que causa el cultivo de soya transgénica y por el contrario se enfocaron en difundir sus virtudes omitiendo sus implicaciones y las violaciones al derecho al medio ambiente sano, por ejemplo en el ejido de Bolonchén durante la fase informativa llegaron diciendo que el glifosato era inocuo, cuando sabemos que fue declarado como probable cancerígeno” dijo Gustavo Huchín.
El permiso de la solicitud 007_2012 de Monsanto Comercial fue otorgado por SENASICA, el pasado 5 de junio de 2012 y revocado en todo el país por la misma dependencia el 16 de mayo de 2017 debido a la gran cantidad de pruebas de que no se cumplen con las condiciones de bioseguridad que se establecen en la ley para la liberación comercial de la semilla de soya transgénica.
“Las autoridades encargadas de llevar a cabo la consulta con comunidades indígenas deben considerar todas las implicaciones sociales, económicas y culturales que este modelo de agricultura industrial acarrea en la region: deforestación, contaminación de agua con agroquímicos, muerte de abejas, contaminación de miel, ademas de daños a la salud", señaló Maria Colin, campañista legal de Greenpeace México.
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