La Jornada Maya
Alfredo Domínguez / archivo
La Jornada Maya
Ciudad de México
Viernes 28 de junio, 2019
La Clínica de Atención Preventiva del Viajero, de la UNAM, diseña un programa de atención sanitaria a migrantes mexicanos, centro y sudamericanos repatriados.
“En la clínica hemos hecho investigación con los migrantes de la frontera sur que transitan por México, gracias a esto sabemos que 6 de cada 10 han padecido algún síntoma de enfermedad infecciosa en los últimos 15 días de su viaje”, ha planteado el director de esta instancia, Jorge Baruch Díaz Ramírez.
Los problemas de salud más frecuentes entre los migrantes de la frontera sur de México son diarreas, fiebre, de transmisión sexual y micosis en pies.
De enero a mayo del presente año han transitado por el país unos 600 mil migrantes buscando llegar a Estados Unidos, y se estima que de ellos 10 mil permanecen en México, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De acuerdo con la clínica, se evalúa la condición de estas personas en lo que se refiere a enfermedades infecciosas como tuberculosis, hepatitis B y C, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y sífilis, así como la natalidad en estas comunidades, a fin de poder atender sus necesidades y detectar con oportunidad posibles brotes de enfermedades que resurgen.
Además, generar conocimiento sobre los niveles de depresión, ansiedad y angustia entre los migrantes mexicanos que han sido repatriados de la Unión Americana, y las personas de centro y sudamericanos que han ingresado en caravanas al país por la frontera sur.
Con el programa de migración y salud, la clínica evaluará la desesperanza que existe entre estos grupos, la depresión, intentos de suicidio, características de personalidad y personalidad asociada a la depresión.
El programa se hará en comunidades migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2019 se recabarán datos para el estudio y se espera que los resultados estén listos a mediados o finales de 2020.
La meta es diseñar y aplicar un protocolo de atención a la población migrantes.
La asociación civil DMAS señaló que la decisión representa un paso relevante para la protección de las comunidades
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