La Jornada Maya

Óscar Rodríguez
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 3 de julio, 2019

Luego de aceptar que se desconoce en la entidad el número de personas con discapacidad que se encuentran en el mercado laboral, la directora general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IIPEDEY), María Teresa Vázquez Baqueiro, señaló como necesario que las personas con esa condición de vida pasen del asistencialismo a lograr que se puedan involucrar en actividades económicas.

Sin embargo, la directora de esa dependencia estatal consideró que los programas de apoyo a ese sector no pueden detenerse, toda vez que las familias con personas con discapacidad son las que enfrentan grados de pobreza más profundos.

“Los apoyos que se dan a las personas con discapacidad en especie, en becas, hoy por hoy desafortunadamente todavía son necesarios, a la par de que estamos creando una política pública en Yucatán, en México también hay muchas organizaciones que apuestan por este cambio de paradigma, de ir dejando poco a poco lo asistencial, porque no lo podemos dejar de golpe, porque hoy los casos más dramáticos lo están viviendo las personas con discapacidad”, explicó.

Vázquez Baqueiro dijo que es necesario “meterle velocidad” a la realización de políticas incluyentes con el objetivo de que cada vez menos personas con discapacidad tengan necesidad de apoyos económicos y de despensas.

Comentó que existen grandes retos y áreas de oportunidad en la infraestructura que enfrentan para su movilidad, por eso dijo que la dependencia bajo su cargo realiza ya una serie de estudios para conocer el estado que guardan los edificios públicos, pues dijo que a ciencia cierta se desconoce.

Empero, aceptó que resulta “evidente” que las condiciones que enfrentan para su movilidad distan mucho de ser las óptimas, pues si bien hay rampas de acceso, éstas no cuentan con la debida inclinación.

Finalmente, se congratuló por la aprobación en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado a las reformas legales que le darán un sustento jurídico al Instituto que dirige, lo que le permitirá iniciar con políticas de estado firmes a favor de las personas con discapacidad.


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