Joana Maldonado
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 3 de julio, 2019
El pasado 18 de junio quedó publicada en el Periódico Oficial del Estado el decreto que expide la Ley de Prevención y Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos Sólidos. Reducir, reciclar y reusar son los principios de esta nueva legislación con la que se reducirá el consumo y desperdicio de las materias primas al producirse bienes y servicios a partir de los residuos.
La nueva ley fue avalada por la mayoría de los diputados de la XV Legislatura a propuesta del Ejecutivo del estado desde el 2018. Su objetivo, según cita, es la regulación de los residuos con un enfoque de economía circular y fomentar la sustitución por productos retornables y prohibir aquellos productos que causan un impacto ambiental de forma programada y gradual.
El artículo 7 establece que uno de los objetivos es la consolidación de una economía circular a través de la prevención de la generación y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, biorresiduos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos en competencia local.
El Colegio de Economistas de Quintana Roo explica que una economía circular como modelo económico tiene como objeto el mantener los productos, componentes y materiales en su mayor utilidad y valor todo el tiempo y busca, además desencajar el desarrollo económico del consumo de recursos.
Este concepto nuevo de economía impulsa generación y crecimiento económico, creación de empleos y reducción de impacto ambiental y “promueve el uso sostenible y eficiente de los recursos naturales evitando su posible degradación al máximo al emplear materias primas alternativas”.
En la ley se le señala como un “sistema de producción y consumo que elimina los residuos al aprovecharlos energéticamente o como materia prima en los nuevos ciclos productivos reintroduciéndolos al ciclo económico de la degradación ambiental, que minimiza o elimina el uso de sustancias tóxicas en la fabricación de productos”.
Por tanto esta nueva ley implica “la implementación de esquemas de inversiones que tengan por objeto la valorización y aprovechamiento energético de los residuos sólidos y de manejo especial, así como la recuperación de materia y energía para garantizar un aprovechamiento sustentable”.
Por ello además, la nueva legislación contempla un sub programa de aplicación de instrumentos económicos que incentivarán la participación de diversos sectores sociales y la generación de necesidades de inversión para desarrollar infraestructura, así como la incorporación del mercado energético, reciclaje e inclusión de empresas sociales en el mercado, y generar empleos.
Dicha ley entrará en vigor 30 días después de su publicación, es decir el 18 de julio próximo.
El país, que se retirará formalmente el 1 de mayo, es el tercer mayor provedor del consorcio
Ap
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La Jornada Maya
