Sempra e IEnova, los apagones en Yucatán y sus aliados

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Jafet Kantún
La Jornada Maya

Lunes 15 de julio, 2019

Trabaja el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para los intereses de TransCanada y de Sempra Energy, como ya algunos especulan? Como cuestionaba en su cuenta de Twitter, el columnista de [i]La Jornada[/i], Enrique Galván Ochoa: “¿Para quién trabajaba Urzúa? Según sus propias palabras parece que representaba los intereses de las trasnacionales…”

En efecto. Como el mismo Urzúa advierte en la famosa entrevista recién publicada en la revista [i]Proceso[/i], en el Consejo de Administración de Sempra Energy se sientan personajes del calibre de Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos y líder demócrata.

Como vemos en Sempra, convergen los intereses económicos de una transnacional, de sus accionistas, con los políticos y geopolíticos de quienes gobiernan el vecino país y que operan en nuestro país a través de su filial, IEnova.

Sempra es una empresa peligrosa. Digna de temerse, debido, precisamente a los muy poderosos personajes que se sientan en su consejo de administración. Su mala reputación viene precisamente de su [i]modus operandi[/i] digno de la mafia, al grado de que en México, donde se ha visto involucrada en graves escándalos cambió su nombre al de IEnova, para ocultarse.

Por ejemplo, el FBI (Federal Bureau of Investigation) abrió una investigación criminal por las denuncias contra Sempra por el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos en Ensenada en 2003, cuando pagó 7 millones de dólares a un “fondo” (trust) para obtener los permisos firmados en solitario por el entonces alcalde panista Jorge Antonio Catalán Sosa, contra el parecer de todo el Cabildo de Ensenada. Sempra obtuvo del entonces alcalde de Ensenada, Jorge Antonio Catalán Sosa, un oficio que, al no pasar por el cabildo, no podía, sin embargo, ser autorización de uso de suelo. A su vez, Sempra le entregó 7 millones de dólares al fideicomiso Fondo Trust Ensenada, dinero cuyo destino jamás se hizo público, aún cuando el FBI asegura que se donaron diversos equipos a la ciudad y diversas instituciones baja californianas.

De hecho, Sempra en Ensenada se ha visto envuelta en un sin número de escándalos desencadenados por su pago de supuestos sobornos a funcionarios municipales para obtener permisos para su planta de gas licuado, la que además ha sido señalada de causar grave contaminación en el litoral y mortandad de especies marinas.

En una investigación del FBI con fecha del 15 de marzo de 2015 (Vault Links, Sempra Energy) se menciona, por ejemplo, que dicha transnacional donó patrullas equipadas al municipio de Ensenada, así como material para el área de cocina de la Universidad Autónoma de Baja California, así como carros de bomberos, por ejemplo.

Ese, digamos, es el rostro “amable” de Sempra, para cooptar la voluntad de actores sociales y de la población.

Sin embargo, tras bambalinas, su rostro se revela brutal. Por ejemplo, como menciona un reportaje de la revista Proceso publicado el 9 de agosto de 2014, la embajada de Estados Unidos en México fue el escenario para presionar y obligar al alcalde de Ensenada, el priísta Enrique Pelayo Torres, a fin de que retirara los sellos de clausura puestos el 11 de febrero de 2011 al complejo gasero de Sempra Energy autorizado por el ex alcalde panista, Catalán Sosa, en ese municipio bajacaliforniano.

La trasnacional había incumplido la autorización de uso de suelo y violó el Plan de Desarrollo Urbano de la región.

Como explicaba el reportaje firmado por Mathieu Tourliere y Arturo Rodríguez, el anfitrión del encuentro en la embajada estadounidense en la Ciudad de México a finales de mayo de 2011 fue John D. Feeley, entonces subsecretario del Departamento de Estado Zde Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, quien entonces era encargado de negocios de la embajada. En realidad Feeley era más que eso: Durante su estancia en México fue responsable de aplicar la Iniciativa Mérida, según el perfil que exhibía el sitio oficial del Departamento de Estado. Precisamente al ex presidente Felipe Calderón –firmatario como presidente de la Iniciativa Mérida– también se le vinculó a Sempra.

La misma revista Proceso dio a conocer que la trasnacional de origen estadunidense Sempra Energy presuntamente pagó sobornos millonarios a Felipe Calderón Hinojosa cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía, durante el sexenio de Vicente Fox, para que autorizara la instalación del Complejo de Gas Natural Licuado en Ensenada, según se desprende del reporte de la consultora en información e inteligencia interfor consultado por [i]Proceso[/i].

Como señala [i]Proceso[/i], “la clausura del complejo de Sempra en Ensenada reveló la corrupción de las autoridades mexicanas y la forma en que la trasnacional soborna funcionarios para imponerse, tuerce la ley hasta el absurdo y presiona a sus críticos y opositores valiéndose de altos funcionarios en México y el extranjero para espiarlos o desaparecerlos”.

[b]De Sempra a Ienova[/b]

La corrupción siguió durante el sexenio de Peña Nieto. Transformada en IEnova –para quitarse el estigma de corrupción asociado a Sempra– recién se había terminado de construir el gasoducto Los Ramones Fase II Norte cuando Pemex ya lo estaba vendiendo –sin licitación– a IEnova y al fondo de inversión BlackRock. Entonces ninguno de los presidentes de cámaras dijeron ni pío.

Precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que IEnova cobra a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) penalizaciones millonarias, pese a que no brinda el servicio de transportación de gas natural por sus ductos.

Y siguiendo con el hilo, cabe recordar que en la reciente reunión de alto nivel de funcionarios federales en Mérida con 22 directores generales de las empresas estadounidenses más importantes se contaban además de Larry Fink, de BlackRock, los pesos pesados de Sempra Energy, que acá en México se cambió el nombre a IEnova como señalamos y que opera en Yucatán, también.

Entre los aliados mexicanos de IEnova, además del ex secretario de Hacienda del presidente Andrés Manuel López Obrador –quien admite que si bien “el gasoducto salió caro pero que lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”–, se cuenta el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos.

José Manuel López Campos, exigió recientemente a la CFE llegar a un acuerdo con las empresas privadas (TransCanadá y IEnova) que construyen el ducto que distribuirá gas natural al sureste del país, porque el conflicto agrava el problema del suministro en la península.

La pregunta es si los apagones recientes en la península son, efectivamente, por falta de gas o son actos de sabotaje, como el incendio registrado en la subestación de la CFE en Caucel-Ucú ocurrido en el mes de abril del presente año. Y del que la misma Comisión no ha explicado, aún, las causas.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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