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Olivia León Huacuja y Esteban Ruiz Gayol
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Viernes 23 de agosto, 2019

El martes de esta semana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero fue cuestionada sobre si su dependencia estaba negociando con grupos del crimen organizado. Al respecto, respondió que están dialogando con “muchos grupos armados” para disminuir los niveles de violencia en Guerrero.

Esa misma tarde, a través de su cuenta oficial de Twitter, la Secretaría de Gobernación declaró que su titular malentendió la pregunta y precisó que mantiene comunicación con grupos de autodefensa; “el Gobierno Federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado”. Al día siguiente, el presidente López Obrador confirmó esa negativa.

[b]¿Por qué el rechazo tan tajante?[/b]

En el discurso del Gobierno Federal hay una contradicción. Es ingenuo pensar que no existe ningún tipo de relación entre alguna instancia del gobierno y el crimen organizado. Las organizaciones criminales han sido capaces de conseguir altos niveles de dominación y poder gracias a la complicidad que han logrado obtener con las autoridades; se llama corrupción. Negar que existe cierto diálogo con grupos criminales es tratar de vernos la cara.

Si ya existe una relación entre autoridades y grupos de crimen organizado, sería mejor que dicho contacto se dirija hacia prospectos de paz y no hacia el enriquecimiento de unos pocos. De lo contrario, el crimen organizado y el gobierno seguirán disfrutando de una complicidad que afecta a los ciudadanos.

La negación del Gobierno Federal a dialogar con grupos criminales es problemática si su intención es disminuir la violencia en el país. El gobierno debería reconocer que esto ya sucede e integrar esta medida a su caja de herramientas. Es necesario deshacernos del tabú que existe alrededor de las negociaciones con grupos criminales.

En países como Sri Lanka, España, Irlanda y Ecuador, el diálogo con diversos grupos armados ha resultado en una reducción de víctimas de violencia. Sin ignorar las abismales diferencias que alejan a estos casos del mexicano, podría resultar positivo pensar en estrategias para dialogar con grupos criminales en México. Las declaraciones del Gobierno Federal no contribuyen a este esfuerzo.

Un argumento para evitar el contacto entre ambos actores es que ello podría deslegitimar al gobierno y legitimar a los grupos criminales. Por un lado, el primero no tiene mucha más legitimidad que perder. Por el otro, la de los grupos criminales va a depender de la disminución de violencia, es decir, del éxito del diálogo para la paz.

Otro argumento en contra de esta medida es que podría afectar el Estado de derecho y promover el crecimiento del crimen organizado. Sin embargo, legislaciones como el arraigo ya han afectado el Estado de derecho. Y esto sin mencionar que los altos niveles de impunidad y corrupción en México ya son un gran incentivo para unirse a grupos del crimen organizado.

Las medidas implementadas por el gobierno para reducir la inseguridad han fallado y resultado en más violencia. Ante los daños de la guerra contra las drogas, es vital la reevaluación de la estrategia de seguridad del gobierno. Con la intención de reducir la violencia, no hay que rechazar la negociación con grupos criminales por su supuesta inmoralidad. Es peor pensar que las políticas de antes traerán resultados distintos ahora.

*Licenciados en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (CIDE). Actualmente estudian las maestrías Estudios en Desarrollo y Ciencia Política, y Relaciones Internacionales, respectivamente en el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra (IHEID).

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