Proyectos turísticos, los más agresivos ambientalmente: GeoComunes

Lilia Balam
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Martes 3 de septiembre, 2019

Los megaproyectos turísticos y agroindustriales localizados en la península de Yucatán han sido los más agresivos en términos territoriales y ambientales, informó el integrante del colectivo GeoComunes, Adrián Flores Rangel, durante la presentación del geovisualizador en el que se observa el impacto de esos proyectos en los tres estados peninsulares.

De acuerdo al especialista, en los últimos diez años los sectores inmobiliario, turístico, agroindustrial y energético han crecido de manera “excepcional” en Yucatán, Campeche y Quintana Roo; sin embargo, dicho desarrollo se ha realizado a costa de los recursos naturales de la zona y del equilibrio social de las comunidades situadas en las entidades mencionadas, agregó.

De los cinco sectores mencionados, los megaproyectos del rubro turístico, así como el de la agroindustria, han sido los más agresivos: su crecimiento se ha traducido en la devastación de una gran cantidad de selvas, acaparamiento de recursos hídricos en las manos de unas cuantas empresas. Además, dichas empresas se expanden sobre propiedad social, es decir, sobre territorios de comunidades y ejidos, detalló Flores Rangel.

Los megaproyectos de turismo han tenido mayor impacto en la zona norte de Quintana Roo. Según la información proporcionada por el geovisualizador (desarrollado por GeoComunes y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), entre 1992 y 2017 el número de hoteles localizados en esa entidad se multiplicó 19 veces: actualmente Quintana Roo concentra un tercio de los hoteles de cinco estrellas y la mitad de la llegada de los turistas a nivel nacional.

Las empresas agroindustriales han aumentado su presencia en la zona del Golfo. En el caso de la producción de carne porcícola y avícola, se concentra en los alrededores de la capital yucateca según señala el geovisualizador. En cuanto a los cultivos de soya, caña, sorgo y palma africana han crecido en los últimos cinco años, principalmente al sur de Campeche y Quintana Roo, explicó Flores Rangel.

Al respecto, Gregorio Hau Caamal, miembro de la asamblea Muuch’ Xíinbal y originario de Valladolid, precisó que cuando se presentan proyectos a la sociedad “se habla de turismo, de beneficios, de cosas bonitas”, pero los pueblos originarios “nunca ven esos beneficios”.

[b]Inconformidades ante los procesos para establecer proyectos de energías limpias[/b]

Los activistas y especialistas de CCMSS, GeoComunes, Articulación Yucatán y Muuch’ Xiibal recordaron que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), autorizó 14 proyectos eólicos y 13 fotovoltaicos en la península.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha publicado 29 manifestaciones de impacto ambiental (MIA) para 13 proyectos eólicos y 16 fotovoltaicos de la península; 21 ya las autorizó (9 eólicos y 12 fotovoltaicos), dos siguen en revisión y seis fueron negadas. Según las MIA, la superficie que pretenden ocupar los proyectos autorizados es de casi 14 mil hectáreas (10,085 para parques eólicos y 3,811 para parques fotovoltaicos) de los cuáles el 30 por ciento está en tierras ejidales (4,192 hectáreas).

Esta situación ha generado conflictos en las comunidades involucradas, pues los ciudadanos no están conformes con la deforestación de grandes espacios para establecer los parques solares o eólicos. Alfonso Uicab Hil, otro integrante de Muuch’ Xiinbal, precisó que las autoridades no brindaron la información adecuada en los municipios para que los habitantes conocieran a fondo los proyectos.

“La Secretaría de Energía nos hizo consultas amañadas. Hoy en la comunidad se rompe el tejido social a causa de las empresas que vienen con manipulaciones y engaño a las comunidades. Las autoridades se prestan a proteger y guardar los intereses de los grandes proyectos que llegan a nuestro estado, destruyen la selva, la flora, fauna y la vida humana”, puntualizó.

Los activistas reiteraron el llamado a las autoridades tanto federales como estatales a integrar a las comunidades originarias en los procesos de toma de decisiones relativos a los megaproyectos, a brindar la información oportuna y a no basarse únicamente en los intereses de la iniciativa privada para determinar las acciones que corresponden a los mencionados proyectos.