Emir Olivares Alonso
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Naciones Unidas
Sábado 7 de septiembre, 2019
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (CERD, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación ante el hecho de que proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico puedan afectar a territorios de pueblos originarios y que, hasta ahora, el Estado mexicano no haya tenido en cuenta el derecho internacional a la consulta específica para estas comunidades, incumpliendo el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT.
Esa instancia emitió sus recomendaciónes tras la evaluación de México –a principios de agosto pasado— en las que expresó su alarma porque los indígenas y afromexicanos siguen siendo afectados por la discriminación racial manifestada en los altos índices de pobreza, marginación y dificultades para acceder al trabajo, educación, servicios de salud y acceso a la justicia.
Al igual que en el ejercicio de sus derechos relativos a la tierra y territorio, particularmente en la posibilidad de otorgar su consentimiento en relación a megaproyectos de desarrollo que afectan sus territorios, debido a que no se concretan los procesos de consulta indígenas frente a las consultas ciudadanas que no cumplen con los estándares internacionales.
El CERD destacó que el Estado mexicano reconozca el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Sin embargo, “hay preocupación que aún existen serios vacíos en los procesos”, ya que la información con la que esa instancia cuenta muestra que, en la mayoría de los casos, esos procedimientos “no son realizados de manera previa, no toman en cuenta los usos, costumbres, cultura y debida representación de los pueblos afectados, no se proporciona información clara, precisa y culturalmente adecuada, además, con frecuencia son llevados a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre”.
Los expertos del Comité también manifestaron su intranquilidad ante la falta de mecanismos adecuados en México para la protección, preservación, reclamación y restitución de tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por comunidades indígenas.
“Esta situación, aunada a otros factores, incluyendo la realización de proyectos de inversión y desarrollo, ha generado el desplazamiento forzoso de estos pueblos, y afecta de manera desproporcionada sus formas tradicionales de vida y subsistencia”.
Otra de las inquietudes del CERD es que pese a la implementación del Programa Nacional por la Igualdad y no Discriminación, la segregación racional estructural e histórica contra pueblos indíganas y afromexicanos “continúe profundamente arraigada en el Estado mexicano, y constituya un obstáculo para la construcción de una sociedad multicultural basada en la igualdad y en la equidad”.
Ante las falencias documentadas en esta materia, el Comité hizo una serie de recomendaciones a México entre las que destaca que se garantice el previo otorgamiento de licencias desde el diseño hasta la ejecución de los llamados proyectos de desarrollo, respetando los derechos de las comunidades que podrían verse afectadas; que los procesos de consulta entre ellos cumplan con los estándares internacionales; que se realicen estudios independientes e imparciales sobre el impacto ambiental y sobre los derechos humanos que pudieran tener los proyectos de desarrollo, entre otras.
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