La Jornada Maya
Foto: Captura de pantalla

Mérida, Yucatán
Miércoles 2 de octubre, 2019

Cerca de 150 colectivas, organizaciones de derechos humanos y mujeres de Yucatán firmaron un comunicado en respuesta a las declaraciones del alcalde Renán Barrera Concha en días pasados donde señala que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán debido a las protestas gráficas realizadas en el parque de la Madre, en el marco del Día Internacional para la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.

“Por, otro lado, diversos medios de comunicación locales reprodujeron notas incitando al odio y desprestigio en contra de mujeres específicas, difundiendo videos e imágenes de las mismas, sin su consentimiento, violentando su derecho a la vida privada y dando pie a acoso y amenazas directas refiriéndose sobre lo ocurrido como [i]feminazis[/i] agreden a policía, vandalismo peligroso a cargo de mujeres feministas, feministas destruyen patrimonio, entre otros encabezados”, aclaran.

Sustentaron su posicionamiento con marcos legales que reconocen las manifestaciones sociales como forma de expresión que suponen el ejercicio de derechos como el derecho de reunión y el derecho a la libre expresión. "Justamente, las protestas por el derecho al aborto son una exigencia al Estado ante la necesidad de modificar la legislación que lo castiga, con el fin de eliminar las medidas punitivas y con esto, garantizar los derechos reproductivos de las mujeres. Así como a la salud física y mental que constituyen las condiciones previas para el disfrute de otros derechos y libertades como ha sido referido por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos", agregan.

Aclararon que este tipo de manifestaciones se encuentran protegidas por el derecho a defender derechos humanos, reconocido como un beneficio para la sociedad que actúa contra la impunidad. "Este derecho, incluye todas las formas de expresión de la protesta social, como lo son las acciones de confrontación, la realización de pintas, graffitis, entre otras, que, al no ser realizadas con violencia, entran en esta categoría, y por lo tanto, en la esfera de este derecho, como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Seguridd Ciudadana y Derechos Humanos", indican.

Por último, insisten en que la utilización del derecho penal para procesar indebidamente a personas en contextos de protesta, así como sancionar a las mujeres en el ejercicio de su derecho a manifestarse, constituye una forma de estigmatización y criminalización de la protesta social. De igual manera, el uso de lenguaje estigmatizante, por parte de autoridades y medios de comunicación, "no solo constituye una forma de criminalización hacia las defensoras de derechos humanos, también buscan deslegitimar la lucha y ponen en riesgo la seguridad de las activistas.”

Solicitan que el Gobierno del Estado y Municipal tomen medidas para proteger a las mujeres que han sido amenazadas y acosadas recientemente.


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