Tensión política en Bolivia tras aprobación de nuevas elecciones

Arturo Cano
Foto: Afp
La Jornada Maya

La Paz, Bolivia
Domingo 24 de noviembre, 2019

La ley para anular los comicios del 20 de octubre y convocar a nuevas elecciones estaba lavada y planchada. El Senado boliviano la aprobó por unanimidad porque fue resultado de largos días de negociaciones. Salvo algunas minucias técnicas, no hubo debate sobre la ley sino sobre un tema irreconciliable: golpe de estado versus “gobierno de transición democrática”.

La Ley de “Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales” sería aprobada horas más tarde, con la misma celeridad, en la Cámara de Diputados.

La ley establece que los comicios se celebrarán 120 días después de la elección de las nuevas autoridades electorales, mismas que deben ser elegidas en un plazo máximo de 20 días.

Una vez en sus cargos, los vocales del Tribunal Supremo Electoral tendrán 48 horas para hacer pública la fecha de los comicios. La ley también establece que al menos dos de los vocales deben ser indígenas y tres de ellas mujeres.

Igualmente, se actualizará y “saneará” el padrón electoral.

Este domingo se espera la promulgación de la ley por la presidente de facto Jeanine Áñez..

La crisis boliviana, sin embargo, es mayor que un acuerdo parlamentario que, por lo demás, tardará tres semanas en ofrecer su primer resultado: el nombramiento de los vocales electorales.

El Movimiento al Socialismo cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa (suma de las cámaras de diputados y senadores). Pero su máximo líder está en el exilio, su número dos fue apresado el jueves y muchas de sus figuras están ya fuera del país, refugiadas en la embajada mexicana o escondidas porque temen ser encarceladas.

Volvamos al Senado. En papel de vocero oficioso de Áñez, Óscar Ortiz (Unidad Demócrata, Santa Cruz), habló de un gobierno “de transición democrática” que va a garantizar “una participación política absolutamente libre”.

Adriana Salvatierra, quien era presidente del Senado hasta la renuncia del presidente Evo Morales y fue presionada para renunciar, le respondió que no puede llamarse gobierno de transición a uno que “expulsa ciudadanos, genera 31 muertos, 780 heridos, mil detenidos” y que acusa a periodistas de sedición.

No hubo aplausos para uno ni para otro, sino sólo cuando se anunció la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas y la iglesia, mediadores en la crisis, y cuando la ley fue aprobada en lo general.

La senadora Sonia Chiri, también del MAS, recordó que existió la “amenaza de cerrar la Asamblea y convocar a elecciones vía decreto”.

Quizá el gobierno de facto calculó que usar ese camino fortalecería la idea del golpe de Estado y optó por la negociación con la mayoría legislativa del MAS.

Todavía hoy, se quejaron senadores del MAS, son acosados y perseguidos. Sus adversarios les respondieron que ellos fueron perseguidos durante 13 años. Los dos bandos se acusaron mutuamente del incendio de casas de legisladores y otras autoridades, de secuestros y otras linduras.

El punto es “la pacificación del país”. Los bandos en conflicto, por un lado el partido del asilado presidente Evo Morales y sus bases aliadas, y por el otro el gobierno de facto con sus partidos y sus “cívicos”, usan la expresión aunque cada uno la entienda a su manera.

El gobierno de facto trata de convencer a los bolivianos de que todo se encamina a la normalidad, vía acuerdos con las organizaciones sociales movilizadas. Del otro bando, circulan condenas a los líderes que se han tomado la foto con Áñez e informaciones sobre nuevos bloqueos, sobre acuerdos de pueblos enteros que deciden mantener sus bloqueos o comenzarlos.

Las señales que daban lugar a cierto optimismo (la ley electoral, el salvoconducto a los hijos de Evo Morales que partieron a Argentina) se toparon con la cruda realidad de la confrontación.

Mientras senadores y diputados votaban, en Cochabamba pobladores se enfrentaban con militares que custodiaban camiones rumbo al basurero de la ciudad. La agencia Ap reportó ocho militares retenidos.

La calle frente al hotel donde se hospedan funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –muy cerca de la embajada de México– fue escenario de confrontaciones entre “cívicos” enemigos de Morales y sus partidarios del asilado.

“Gerardo García no está solo. Decimos desde acá, desde la clandestinidad, hermano, no te vamos a dejar solo”, dice Gualberto Arispe, secretario de comunicación del MAS, en un video que circula en las redes, en referencia al segundo de a bordo del partido de Evo Morales.

“Quieren hacer ves como si no pasara nada en nuestro país”, afirma Arispe.

Al menos lo intentan.

“El 85 por ciento del país ya está pacificado, pero no faltan sectores que no quieren colaborar”, se ufanó Arturo Murillo, ministro interino de gobierno.

No quieren colaborar, por ejemplo, los campesinos de 20 provincias de La Paz y de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, que se reunieron con el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano.

El funcionario les concedió ocho de nueve demandas, pero no la novena que es la destitución de Arturo Murillo, quien ha asumido la responsabilidad del operativo en Senkata, que se saldó con la muerte de ocho pobladores.

El resto de las demandas, que el gobierno de facto ofreció cumplir, fueron: abrogación del decreto que libera de responsabilidad penal a los militares y repliegue de los mismos; elecciones antes del 22 de enero; libertad de los detenidos durante las protestas; fin a la persecución de dirigentes; indemnización a las familias de los asesinados y atención a los heridos; respeto a la wiphala y castigo a los policías que le prendieron fuego; además de dar continuidad a las acciones del plan “Evo cumple”.

Los dirigentes firmaron pero con una advertencia: si no les cumplen la novena demanda y destituyen a Murillo, seguirán los bloqueos.