Joana Maldonado
Foto: Juan Manuel Valdivia
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 3 de diciembre, 2019

Como medida adicional de seguridad en el transporte público, a partir de la primera quincena de enero se implementarán cambios en la cromática de las unidades en todo el estado, de tal manera que los vehículos lleven la matrícula de la placa y número económico en la parte superior, informó Jorge Pérez Pérez, director del Instituto de Movilidad (Imoveqroo).

El funcionario señaló que en virtud del cambio general de placas que se prevé para 2020, permitirá que junto con municipios e instituciones de seguridad, se invite a los vehículos de transporte público concesionado a que modifiquen la cromática de las unidades, de tal manera que tanto la placa como el número económico aparezcan en la parte de arriba de la unidad.

Lo anterior, dijo, para coadyuvar con el monitoreo de las cámaras de seguridad que se instalan en los principales puntos del estado, principalmente en la zona norte. “Lo vamos a promover e implementar, están de acuerdo los sindicatos en que debe de hacerse”, apuntó Jorge Pérez.

Añadió que están por presentar la cromática general que tendrá el transporte público en cada municipio de manera formal, pues a la fecha, aunque se identifican los vehículos según el color por el Sindicato y municipio que representan, esta medida no es oficial.

“Se aprobó hace tiempo en ciertas condiciones, pero hay que reafirmarla y que entonces hagan su presentación y podamos ubicar en donde va el número de la placa y el color que les corresponda para mayor seguridad de la población”, indicó Pérez Pérez.

[b]Procesos de suspensión[/b]

Pérez Pérez indicó que, junto con la Fiscalía General del estado, trabajan en coordinación para determinar suspensión temporal o definitiva de concesiones para aquellos choferes o unidades que se han relacionado con algún hecho ilícito. A la fecha, la dependencia está en proceso de suspensión de unas ocho concesiones de taxis que se vinculan con diversos delitos.

Añadió que se trata de un proceso que realiza la Fiscalía bajo los principios de presunción de inocencia, aunque desde el momento en que se les relaciona se inicia la suspensión.

“En el momento en que la autoridad determina que son culpables del ilícito que se cometió, procedemos en consecuencia, citamos al propietario de la concesión y procedemos a la cancelación”, precisó.


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