¿Qué hacer?

Jesús Hernández Martínez
Foto: Afp
La Jornada Maya

Miércoles 19 de febrero, 2020

La situación es difícil, muy difícil, tanto en Quintana Roo como en el resto del país y en general en todo el mundo, con marcadas excepciones. La península de Yucatán está en vilo por la creciente inseguridad que ha modificado las costumbres de la sociedad, y cuyas víctimas se multiplican diariamente.

Las familias viven cotidianamente escenas del Apocalipsis y de la Divina Comedia, y sin aparente razón, pierden a sus seres queridos sin que alguien pueda detener el terror y el horror que parece que llegaron para quedarse.

Por si fuera poco, en las últimas semanas las autoridades han asegurado dos aviones que cargaban drogas y que, voluntaria o involuntariamente, aterrizaron en el sur de Quintana Roo, en los límites con Belice, lo que indica que el crimen organizado tiene interés en copar la zona con crímenes e invasión de enervantes y que tienen un mercado bueno y creciente.
No es la primera ocasión, ni será la última seguramente; [i]La Jornada Maya[/i] ha publicado oportunamente sobre la inseguridad y la multiplicación de asesinatos que en Quintana Roo, en enero de este año, superó a uno diario y la mayoría queda impune.

No se trata de defender a nadie. El gobierno local y la federación hacen a medias la parte que les corresponde, sin éxito. Cada día más agentes policiales, cada día más dinero pero al parecer de manera equivocada. Falta una estrategia eficiente que nadie encuentra. Lo más reciente es enviar a la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto una partida de la Guardia Nacional que, desafortunadamente, ha sido poco eficiente en el combate al crimen organizado.

“Ya no quiero ni recordarlo”, explica casi en privado el primo hermano de una de las víctimas que no pagó “el derecho de piso” que le pedían los representantes de una de las bandas que de esa manera consigue financiarse.

En Cancún, Playa del Carmen y Tulum, un número considerable de placas de taxi no trabajan desde hace más de seis meses y se malbaratan; pero pocos o nadie quiere comprarlas. Hace unos cinco años, se pedía por ellas hasta un millón de pesos; ahora se rematan en 300 mil o 400 mil pesos ,y varios negocios han cerrado.

Tal vez sea cierta la versión de que los asesinatos sean entre ellos, entre los integrantes de los grupos de maleantes, pero ha llegado hasta inocentes que no pueden pagar por el “derecho de piso”, práctica que se ha convertido en una maldición para las familias de las víctimas, que han quedado desamparadas.

¿Qué hacer? Es la pregunta de todos los grupos, de todas las personas y tal vez de las autoridades que han dicho que no pueden destinar un agente policial a cada persona. O de veras el crimen organizado llegó para quedarse.

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