Abraham Bote
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Martes 30 de junio, 2020
El Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY) reveló que los municipios no han sido transparentes en el manejo de sus recursos públicos, pues según la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), de las tres mil 699 observaciones que se les hicieron, dejaron de solventar en tiempo y forma tres mil 281.
En el caso de las dependencias fiscalizadas, de las 500 observaciones recibidas, en su momento no fueron solventadas 390.
Cabe destacar que los resultados que obtuvo la ASEY en el manejo de recursos públicos se consiguieron en los plazos ordinarios, sin contingencia alguna, precisó el SEAY.
Las principales áreas de riesgo identificadas, señaló el SEAY en un comunicado, se encuentran en los rubros de adquisiciones, arrendamientos o servicios, la falta de cumplimiento del marco normativo con respecto a los procesos de licitación, adjudicación, contratación y plazos de entrega de los bienes o servicios; la carencia de comprobantes fiscales, contratos y la no realización de procesos de adjudicación de acuerdo con los montos máximos autorizados.
Al respecto, el Comité de Participación Ciudadana del SEAY, integrado por Javier Montes de Oca Zentella, Manuel Castillo Rendón, José Luis Villamil Urzaiz e Ivanna Ongay Xacur, y que preside Mónica Febles Álvarez-Icaza, estimó que una estrategia de corresponsabilidad con los gobiernos locales requiere promover la máxima participación social, con el objeto de limitar la incidencia de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Por otro lado, indicaron que la prolongada situación por el COVID-19, así como los pronósticos sobre su posible extensión los próximos meses, hacen indispensable que los gobiernos locales consideren reforzar los mecanismos de participación ciudadana para darle seguimiento a la entrega de apoyos extraordinarios.
“A raíz de los datos surgidos en los informes de resultados de la Cuenta Pública 2018, que realiza la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), el Comité observó la necesidad de que haya un mayor involucramiento de la ciudadanía en el seguimiento al destino de los recursos extraordinarios entregados tanto por el gobierno estatal como por los ayuntamientos”, concluyeron.
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