Hubert Carrera Palí
Foto: Lorenzo Chim
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Domingo 14 de mayo, 2017

El proceso de consulta que se realiza a las comunidades mayas, en torno a si se aprueban o no los permisos para la siembra de soya genéticamente modificada, evidenció la ausencia del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica); así como la actitud pasiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), por lo que el colectivo apícola Los Chenes exigió la renuncia inmediata de los titulares de las dependencias.

Recriminaron que se evidencia nuevamente la falta de voluntad política de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del Senasica, instituciones responsables de garantizar que no se siembre soya transgénica.

Además, se señaló la incapacidad de la Cibiogem y de la CDI, encargadas de la consulta, para garantizar que ésta sea llevada a cabo de acuerdo a los estándares internacionales y con la participación de todas las autoridades competentes.

Leydi Pech sentenció que las comunidades y organizaciones exigen la renuncia de Enrique Sánchez Cruz y de Hugo Fragoso Sánchez, éste último director general de la Senasica, debido a que la actuación de la institución ha sido reiteradamente discriminatoria, negligente y poco ética ante las comunidades mayas que participan en el proceso de consulta.
“Urgimos y exigimos al poder judicial que tome las medidas conducentes para garantizar la ejecución correcta de la sentencia de la SCJN y de la recomendación de la CNDH, incluyendo las sanciones a los responsables de esta negligencia”, suscribieron en un comunicado organizaciones y el Consejo Maya de los Chenes.

Don Gustavo Huchim y Leydi Pech recordaron que durante el año pasado la Senasica realizó un proceso de monitoreo de la presunta siembra de soya transgénica en Hopelchén, cuyo permiso fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia (SCJN) a finales del 2015.

“La falta de diligencia, oportunidad y profesionalismo mostrado por la Senasica durante este proceso de monitoreo generó un clima de desconfianza entre las comunidades mayas que participaron en la Consulta Indígena. La información que rindieron a las comunidades fue incompleta y tardía. Además, las sanciones correspondientes a los delitos identificados no han sido hasta la fecha definidas, ni aplicados. Estas deficiencias provocaron que la siembra de soya transgénica permanezca en la impunidad y que incluso pudieran comercializar su producto con autorización de dicha institución en conjunto con la Secretaría de Salud (SSA).

Esta situación llevó a que en las sesiones de la Consulta Indígena, realizadas el 25 de marzo y 29 de abril del presente año, se acordara con Senasica que las comunidades mayas involucradas participarían en el proceso de monitoreo, inspección y vigilancia de la posible siembra ilegal de soya transgénica durante el 2017. Sin embargo, y a pesar de que se había acordado revisar el día 13 de mayo la propuesta de trabajo entregada por las comunidades, Senasica no se presentó a dicha reunión”, dijo Leydi Pech.

Además, señaló que durante la sesión acordada para el día 13 de mayo, Marco Antonio Ramírez de Cibiogem dio lectura a un oficio emitido por el director general de Senasica, Hugo Fragoso Sánchez, en el cual justificaba sin mayor detalle que esta unidad administrativa no estará en la posibilidad de atender la reunión del próximo 13 de mayo del presente año. A su vez, justificó que las dependencias como PGR y Profepa también fueron notificadas.

Por su parte, la PGR no contestó y la Profepa indicó que no asistiría. En tanto que la abogada Nayeli Ramírez mencionó que “mediante acuerdo del día 10 de abril de 2017, el Segundo Juzgado de Distrito le requirió a Senasica, Sagarpa, Semarnat y otras autoridades que acudan a las sesiones de consulta indígena a través de sus representantes con facultades para llegar a decisiones”.

Esto, en principio representa una falta de respeto y una muestra de discriminación hacia el pueblo maya de Hopelchén. Además implica la violación a los principios elementales de la consulta como la buena fe, la participación y el derecho a tener información, por ello los dirigentes del colectivo apícola Los Chenes, reiteraron la urgente necesidad de cesar a los funcionarios que no están cumpliendo con su compromiso en este proceso de consulta indígena maya.


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