La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Viernes 10 de marzo, 2017

Al inaugurar las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en cuya rehabilitación y equipamiento de vanguardia en materia registral, se invirtieron más de 31 millones de pesos, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas exhortó a los servidores públicos a tener buena disposición para resolver las necesidades de la gente y contribuir a fortalecer la certeza jurídica del patrimonio inmobiliario de los campechanos.

Explicó que fue en julio de 2016 cuando se firmó el convenio con el gobierno Federal para invertir importantes recursos en la modernización de edificios gubernamentales.

El mandatario estatal informó que en las próximas semanas iniciarán los trabajos para modernizar las oficinas del RPPyC en otros municipios de la entidad, entre ellas de las de Carmen y Escárcega.

A su llegada, Moreno Cárdenas cortó el listón inaugural del edificio en el que se invirtieron 31 millones 395 mil 930 pesos y cuenta con recepción, áreas de ventanilla, administrativas, de búsqueda, de inscripciones, de informática, de resguardo del acervo, dirección, subdirección y un elevador para personas con discapacidad.

Por su parte, la directora del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Carmen María de Guadalupe Presuel Canepa, añadió que con la rehabilitación de las instalaciones y el equipamiento tecnológico, no sólo estarán a la vanguardia en materia registral, sino que los servidores públicos podrán prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

Señaló que anteriormente los servicios que se prestaban no proporcionaban las condiciones técnicas ni de infraestructura necesaria, ya que los espacios para la atención de los usuarios eran muy reducidos e incomodos, y el área de resguardo del acervo presentaba deficiencias para su seguridad, salvaguarda y conservación.

Dijo que hoy tienen espacios adecuados y habilitados para la atención oportuna de los trámites, apegados a los parámetros de competitividad nacional, además podrán cumplir con las normas de transparencia, combate a la corrupción y eficientar procesos, además de consolidar la certeza jurídica en los bienes patrimoniales de la ciudadanía.


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