Hubert Carrera Palí
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya
San Francisco de Campeche
Viernes 24 de febrero, 2017
Durante la décima sesión de la Diputación Permanente, que preside el diputado Ramón Méndez Lanz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador panista Baudelio Cruz Quevedo solicitó la aprobación de un punto de acuerdo para que por lo menos 80 por ciento de la mano de obra a emplear por parte de las empresas que resulten ganadoras de la licitación para construir el nuevo Puente de la Unidad, que deberán comenzar a trabajar a mediados de abril, sea carmelita.
Cruz Quevedo aseguró que alrededor de 30 constructoras a nivel nacional pretenden adjudicarse la obra pero, señaló, independientemente de quién o quiénes ganen, la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura del gobierno del estado (Seducop) deberá firmar un convenio con los adjudicatarios para que se comprometan a contratar mano a trabajadores de Ciudad del Carmen, ante la precaria situación económica que están viviendo muchas familias, a raíz de la caída de la actividad petrolera.
[b]Más deuda[/b]
El alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, solicitó al Congreso del estado autorización para contratar un préstamo por poco más de 315 millones de pesos, a fin de saldar un adeudo previo por 441 millones de pesos del cual, hasta el pasado 31 de diciembre, ya se habían liquidado 125 millones 570 mil pesos.
El crédito original se había contratado a 10 años. El nuevo préstamo amplía el plazo de pago a 20 años, por lo que alcanzaría a las próximas seis administraciones municipales.
Según la exposición de motivos, de autorizarse la ampliación, se estaría pagando la deuda directa del Ayuntamiento del Carmen, en tanto la ampliación de plazo permitirá cumplir otras necesidades inmediatas, como el pago de la nómina y otros adeudos que la administración considera prioritarios.
Sin embargo, la duplicación del plazo trae aparejada una tasa de interés mayor, por lo que el monto total a pagar, sumando capital e intereses, también se elevará. Estos son los factores que deberán estudiar los legisladores antes de aprobar la solicitud.
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