Ejidatarios de la comunidad 5 de febrero, en el municipio de Champotón, aprovecharon una asamblea informativa con autoridades federales y representantes del despacho Barrientos y Asociados para pedir información clara sobre el pago que recibieron como indemnización por las 29 hectáreas que serán afectadas por el Tren Maya
La asamblea concluyó con el compromiso de verse de nuevo el próximo 29 de junio en la comunidad, ahí asistirán Katia Meave Ferniza, delegada de programas federales; Claudia González Muñoz, representante del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur); Gelasio Linares, representante de la Procuraduría Agraria (PA), y Adán Muñoz, encargado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para evaluar unos temas ambientales sensibles que involucran a una comunidad cercana.
Por parte del ejido estarán presentes, además del comisariado ejidal, Marcelo García Góngora, Manuel García Góngora, Jeremías Euán Guzmán y José del Carmen García Góngora, estos últimos ex integrantes del comisariado en la pasada administración y quienes iniciaron con la investigación sobre los problemas con Barrientos y Asociados.
Desde hace semanas, diversos comisariados ejidales denunciaron públicamente y ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) y la Fiscalía General de la República (FGR) que el despacho Barrientos y Asociados los acosó, presionó y atosigó a fin de que firmaran de recibido cheques por cantidades que, aseguran, no recibieron.
Tras las indagaciones correspondientes por parte de la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y Secretaría de Bienestar (Sebien), acudieron a una asamblea informativa y de acción convocada por el ejido, dónde primeramente la orden del día no contemplaba la participación de las autoridades, pero fue sometida a votación directa para que esto pudiera suceder.
Aunque los asesores legales del ejido, Elena Antonia Pérez Pérez y Jorge Alberto Cámara Castañeda, no estuvieron de acuerdo al principio y se aclaró que esto no significaba modificación de la orden del día, sino sólo un permiso de participación que sería agregado en las observaciones, permitieron que todos los participantes dieran su versión de los hechos, pues de lo contrario hubieran tenido que retirarse de la asamblea.
En todo momento, los ejidatarios manifestaron su inconformidad y coincidieron en que querían saber por qué concepto les pagaron dos cheques por las cantidades de 232 mil pesos y 2 millones 280 mil pesos aproximadamente. Quien explicó esto fue Alejandro Velazco Izuka, representante en Campeche de Barrientos y Asociados y dijo que el primero fue por “Usos distintos de la tierra”, mientras que el segundo por “Ocupación previa”; el monto repartido entre los ejidatarios fue superior a los 2.5 millones de pesos
Sin embargo, la explicación manifestaba que el pago del derecho de vía fue valuado primeramente por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin), pero en vez de precisar por metros cuadrados el área que sería afectada por el Tren Maya, el representante del despacho les hizo saber que ellos tazaron por hectáreas, siendo un total de 29 hectáreas repartidas en diferentes zonas y con diferentes precios.
También aclaró que falta el avalúo, que también realizará el Indabin, por concepto de recursos contables maderables y demás, por lo que dio a entender que falta un pago por realizar al ejido.
La asamblea finalizó tras una larga lista de demandas de los ejidatarios hacia los funcionarios presentes, entre las que destacan apoyo para los adultos mayores, producción del campo, para mujeres productoras, artesanas, producción agropecuaria y apoyo con vacunas contra el Covid-19 porque les es difícil asistir a las sedes municipales, entre otras que les parece urgentes.
Edición: Laura Espejo
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