Con el voto unánime de los diputados de los partidos Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la LXIV Legislatura estatal aprobó el dictamen relativo a una iniciativa para integrar el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-5) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPPC) promovida por la jefa del Ejecutivo estatal, Layda Elena Sansores San Román.
Modificaciones que tienen la finalidad “de atender de manera eficiente todo tipo de eventualidades y reaccionar de manera inmediata a las emergencias, siniestros, riesgos, infracciones, delitos y cualquier otro suceso, así como prevenir la alteración del orden público. Además de clarificar la conformación del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana previsto en la Ley de Seguridad Pública”, exponen los motivos.
El documento subraya que “con el propósito de fortalecer el actuar de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado, a fin de contar con los elementos adecuados para coadyuvar al eficaz cumplimiento de las atribuciones en materia de seguridad pública que legalmente tiene encomendadas”.
Por ello estima viable reformar el antes citado artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, con el objeto de que el C-5, actualmente órgano de apoyo que depende directamente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con naturaleza de órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, quede adscrito a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de la administración pública estatal”.
Mientras, las reformas al artículo 52 y el párrafo primero del artículo 55, tienen la finalidad de que “el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana a que hace referencia en la multicitada Ley de Seguridad Pública del Estado, órgano de deliberación, análisis y propuestas, y tiene por objeto promover la participación ciudadana en acciones de seguridad pública dentro del Pleno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quedará integrado con cinco personas electas de reconocida solvencia moral y social, previa convocatoria pública”.
Edición: Laura Espejo
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