Declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, actual presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) son inadmisibles en una sociedad democrática, manifestó Article 19.
La organización, que defiende los derechos de los periodistas, rechazó categóricamente las declaraciones hechas por el ex gobernador de Campeche en contra de la prensa pues, asegura, denota la relación de violencia y sometimiento que impera entre las autoridades políticas y la prensa, así como la intolerancia a la crítica y el escrutinio públicos, señaló.
Exigieron a la Fiscalía General del Estado de Campeche y a la Secretaría de la Función Pública estatal una investigación exhaustiva, imparcial, objetiva, profesional y seria sobre los actos de censura perpetrados durante la gestión de Moreno Cárdenas como gobernador de la entidad.
"[…]Nomas te voy a dar un dato, a los periodistas no hay que matarlos a balazos papá, hay que matarlos de hambre", presuntamente expresó el dirigente nacional del PRI en un nuevo audio difundido el martes por la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, durante la transmisión de su programa Martes de Jaguar.
Sansores San Román se refirió también al presunto pago de al menos 5 millones de dólares al estratega político español Antonio Solá, lo que constituye un delito electoral, por lo que anunció que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral.
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De acuerdo con Article 19, no es la primera vez que Alejandro Moreno violenta a la prensa. Con base en los registros de la organización, en 2015, cuando era candidato a la gubernatura de Campeche, registraron dos agresiones contra periodistas vinculadas a sus campañas electorales.
Más adelante, ya como gobernador de dicha entidad (2015-2019), documentaron 39 ataques contra la prensa, de las cuales, 15, es decir, el 38.46 por ciento, se relacionan directamente al gobierno de Moreno Cárdenas.
Además, según expuso la ONG, el político está vinculado al encarcelamiento y tortura del periodista Miguel Ángel Villarino Arnábar.
En 2018, Villarino Arnábar, uno de los periodistas a los que el gobierno de Moreno Cárdenas persiguió y etiquetó como “enemigos de Campeche”, estuvo preso 58 días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.
Asimismo, detalla la organización, otro caso emblemático que muestra el “talante autoritario” de Moreno es el del medio Página 66.
El medio sufrió la remoción de contenido a través de la utilización del mecanismo de “notificación y retirada” derivado de una nota publicada el 10 de enero de 2018 en el portal de dicho medio de comunicación, en ella se informaba que la empresa Interconecta -filial del Grupo Altavista- habría firmado un contrato de casi 2 millones de pesos mensuales para proveer servicios de videovigilancia urbana en las cuatro principales ciudades del estado de Campeche.
“Las ahora violentas declaraciones del dirigente político, preocupan también pues el ‘matarlos de hambre’ enfatiza un problema de violencia estructural contra la prensa: la precariedad laboral”, sentenciaron.
Según información recabada por Article 19, hay entidades donde la prensa gana hasta 20 pesos por nota con fotografía publicada, es decir, que deben hacer casi 16 notas publicadas para llegar al salario mínimo.
Por lo tanto, utilizar la precariedad de la prensa y tomar ventaja de ésta tiene un “efecto cascada” que en casos de violencia letal, como el de Roberto Toledo, Jorge Luis Camero y Moisés Sánchez, ha llevado a las autoridades a negar el vínculo de la labor periodística con sus asesinatos, sentenció la ONG.
“La afirmación de: ‘quien se pase de […]’ debe ser agredido -refiriéndose a la prensa- muestra la intolerancia a la crítica y al escrutinio públicos por parte del líder político, quien además contraviene estándares internacionales sobre libertad de expresión, los cuales establecen que las personas servidoras públicas o líderes políticos están sujetos a un umbral de tolerancia mayor a la crítica, debido al carácter público de sus funciones”.
Adicionalmente, subrayó, las afirmaciones de Moreno son inquietantes al considerar normal agredir y matar a la prensa como una forma de censura, en un país donde se han asesinado a 153 personas comunicadoras del 2000 a la fecha y donde se agrede a la prensa cada 14 horas por ejercer su labor.
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Exigen también a Alejandro Moreno Cárdenas una disculpa pública dirigida a toda la prensa, donde además reconozca la labor fundamental que tiene el periodismo en una sociedad democrática
Por último, hace un “enérgico llamado a todos los partidos políticos a comprometerse con el respeto a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico, ello atendiendo a un contexto de suma hostilidad contra la prensa desde todas las expresiones partidistas”.
Reacción de periodistas
"El mensaje para quienes quieren silenciar periodistas es que pueden hacerlo, que lo tienen permitido, que es muy fácil y barato, que no habrá costo que pagar", aseguró Marcela Turati.
“Es importante recordar que el simple hecho de no ganar lo suficiente para poder tener una vida digna ya constituye una agresión. Y es algo que se ha normalizado entre quienes nos dedicamos a los medios de comunicación”, indicó el colectivo #TenemosQuehablar.
Carlos Loret también criticó el hecho: “Despreciables e indignantes las expresiones del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno de matar periodistas no a balazos sino de hambre. Los ataques a la libertad de expresión no se pueden aceptar ni de un lado ni del otro”.
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Edición: Estefanía Cardeña
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