Tras la liberación de Mardonio “N” luego de estar siete años recluido en el penal de San Francisco Kobén sin sentencia ante la falta de un intérprete y defensor legal, la investigadora e integrante de la asociación civil Diálogo y Movimiento, Artemia Fabre, mencionó que en el reclusorio de la capital hay al menos 114 indígenas que tuvieron de dos a más violaciones a sus procesos, y Campeche continúa sin suficientes intérpretes.
El factor principal señalado por la investigadora es la falta de intérpretes de lenguas indígenas, como en el caso de don Mardonio, quien oriundo de Oaxaca, llegó a Campeche para tener una vida mejor, pero a los pocos meses de trabajar en un rancho, lo enviaron a dejar una camioneta desde Champotón a la capital, sin saber que venía con un paquete de marihuana.
“Cuando lo detiene la Marina, al no entender los elementos de la corporación federal, y él no hablar español, lo entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR), organismo que no le dio la oportunidad de defensoría y menos de un intérprete para que don Mardonio pudiera explicarse, así llevó siete años, hasta que logramos contactar a un intérprete”, explicó.
Mediante un video explicaron parte de la historia de don Mardonio, quien hoy goza de libertad tras siete años de cárcel sin sentencia, y aunque el sistema penal acusatorio actual destaca la libertad directa luego de dos años encarcelado sin sentencia, es hasta ahora con la Ley de Amnistía Federal, cuando logran darle cauce al caso del hoy libre, pues les negaban las herramientas para ayudarlo, aunque en Oaxaca si había intenciones cooperar.
“Por eso hoy celebramos la libertad de don Mardonio, el primer liberado gracias a la Ley de Amnistía, que creemos debería haber un mecanismo mejor que esta vía, pero es lo que tenemos actualmente. Ahora daremos seguimiento a otras carpetas pendientes, pues dejamos otros rubros para dedicarle el tiempo necesario a don Mardonio y pudiera regresar con su familia en Oaxaca”, aseguró.
La abogada Elia Cruz, afirmó que lo mas satisfactorio es la libertad de la víctima ante todo sentimiento, pues dijo es injusto que luego de siete años encerrado y sin sentencia, violaciones a su debido proceso y otras irregulares, no existe pago de daños y el gobierno del estado solo pidió una disculpa, no pública, pero no reparó los daños realizados ya que la víctima no pudo hacerse cargo de su familia por siete años.
La recomendación de la investigadora y la abogada, fue de llamarle al gobierno estatal para trabajar en la preparación de intérpretes certificados que puedan ofrecer el servicio de defensoría a personas indígenas que lo requieran, a modo gratuito y en búsqueda de justicia para quien lo merezca.
Edición: Laura Espejo
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