El Congreso del Estado de Campeche aprobó la semana pasada cuatro iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, en las que destacan homologaciones de leyes estatales a federales, así como un mayor y mejor apoyo a las mujeres del estado en cuestión de vivienda y seguimiento de procesos jurídicos.
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Dichas reformas fueron promovidas por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Maricela Flores Moo, Liliana Idalí Sosa Huchín, y por las legisladoras del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Lo anterior, se subraya en el documento expedido a fin de garantizar la protección y dignidad integral de las mujeres, adolescentes y niñas campechanas; armonizar la normatividad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; actualizar las denominaciones de las Secretarías de la Administración Pública Estatal para quedar como se encuentran en la vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
También establecen incorporar en el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda; impulsar acciones para el otorgamiento de financiamientos preferenciales a mujeres, en especial a jefas de familia o aquellas que sean o hayan sido víctimas de violencia, a fin de garantizar su derecho a la vivienda para mejorar su calidad de vida y las de sus familias; establecer atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda encaminadas a fomentar el apoyo a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Además, para establecer que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado lleven a cabo sus procedimientos de manera expedita y accesibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporar dentro de los derechos de las víctimas de cualquier tipo de violencia, a recibir atención, información y acompañamiento médico y psicológico de forma gratuita, no ser revictimizadas; recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso de los trámites judiciales y administrativos; ser protegidas en su identidad, la de su familia y sus datos personales, con la finalidad de que el Estado les garantice el respeto a sus derechos humanos.
De igual manera se busca garantizar que la educación que se imparta en la entidad cumpla con eliminar cualquier forma de discriminación por razón de género y evitar que las alumnas embarazadas sean expulsadas o sufran menoscabo a su derecho a la educación; también se establece que la Secretaría de Educación en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado, realizarán campañas de prevención de violencia en el noviazgo entre la población adolescente y jóvenes de la entidad, a fin de que puedan detectar relaciones violentas que puedan culminar con el suicidio u homicidio de la víctima.
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