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La Jornada
04/02/2025 | Ciudad del Carmen, Campeche
Con el objetivo de evitar un enfrentamiento, el Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTV) exige a las autoridades de la Agencia Reguladora del Transporte (AET), poner orden a la prestación del servicio por parte de unidades denominadas como “pochitaxis”, los cuales no cuentan con la concesión para esta actividad.
El dirigente del SUTV, Juan Alba Rosado, recordó que estas unidades surgieron en años atrás, para prestar en servicio en sectores de la población de difícil acceso para los autos de taxis, sin embargo, con el paso del tiempo, han incrementado sin control y han comenzado a salir de las áreas donde se ubicaban y realizan su labor impunemente en toda la ciudad.
Colonias
Expuso que entre las colonias en donde se permitía este servicio se encuentran Arroyo de los Franceses, 23 de julio, Restito de las Pilas, José Ortiz Ávila, y el Potrero, pero las unidades de los “pochitaxis” han comenzado a circular en toda la ciudad, aun cuando carecen de los permisos, concesiones y hasta los seguros de vida requeridos por la autoridad.
“En fechas recientes se han presentado accidentes, en donde el sobrecupo que llevan, el cual supera por mucho las recomendaciones de los fabricantes, provoca personas lesionadas, incluso menores de edad, sin que haya una sanción alguna por estas irregularidades”.
Puntualizó que para los taxistas la prestación del servicio de transporte, por parte de los denominados “pochitaxis” en la Isla, representa una competencia desleal, ya que estos pagan los impuestos y cuotas que les imponen a ellos.
Conflicto
Sostuvo que la ilegal prestación del servicio por parte de los “pochitaxis” ha generalizado la molestia e inconformidad de los taxistas, quienes amenazan con bloqueos y manifestaciones, para que las autoridades tomen cartas en el asunto, evitando con ello, problemas mayores.
“Hay que recordar que de acuerdo con la Ley de Movilidad, este tipo de servicio de pochitaxistas no se encuentra contemplado para las cabeceras municipales, solo en las comunidades de difícil acceso y donde el transporte común no llega; además de que entendemos que la Constitución los ampara de un derecho a un trabajo digno, pero no se considera en la prestación de un servicio para el cual se necesita una concesión”.
Edición: Emilio Gómez
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