Campeche: Proponen penas más severas para servidores públicos que difundan información de víctimas

Iniciativa contempla que aumente sanción cuando involucre a una mujer, niños o la comunidad LGBTTTIQ+
Foto: Lucio Blanco

La dignidad y privacidad de las víctimas de delitos y sus familias deben ser protegidas, evitando que fotografías, videos o información sensible de las investigaciones sean difundidos indebidamente.

Con este propósito, ante el Pleno del Congreso del Estado se dio lectura a una iniciativa promovida por la diputada Ena América García García, de Morena, que propone reformar el artículo 307 Bis del Código Penal del Estado de Campeche.

La propuesta busca reforzar las sanciones contra personas servidoras públicas que, aprovechando su acceso a información relacionada con investigaciones de delitos, difundan, compartan, publiquen o comercialicen indebidamente imágenes, videos, audios, documentos o evidencias que vulneren los derechos de las víctimas.

Entre sus planteamientos se encuentra mantener penas de cuatro a diez años de prisión y establecer un incremento de una tercera parte de las sanciones en los supuestos previstos por la reforma, entre ellos cuando la difusión tenga como finalidad afectar la dignidad de las víctimas o sus familiares, involucre a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas de la comunidad LGBTTTIQ+, o exponga circunstancias relacionadas con su muerte, lesiones o estado de salud.

La iniciativa también contempla proteger el derecho a la información y la libertad de expresión, al precisar que las sanciones están dirigidas al uso indebido de información por parte de quienes tienen la responsabilidad institucional de resguardarla, sin limitar el ejercicio legítimo de la labor periodística.

A esta propuesta se adhirieron diputadas y diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI, PT, PAN y Partido Verde Ecologista de México, sumando la participación de distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.

Esta iniciativa tiene como antecedente las disposiciones conocidas como Ley Ingrid, surgidas a partir del feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020 y de la necesidad de evitar que las víctimas sean expuestas públicamente mediante la filtración de información sensible.


Edición: Mirna Abreu


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