El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión avaló, este miércoles 23 de marzo, la reforma al Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que difundan imágenes, audios, videos, documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales de una víctima o circunstancias de un delito.
Conocida como Ley Ingrid, se basó en el feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas, que tenía 25 años de edad, que ocurrió el domingo 9 de febrero de 2020 en Ciudad de México.
Esta reforma al artículo 225 del Código Penal Federal contempla una pena de 4 a 10 años de prisión y una multa de 100 a 150 días
Edición: Laura Espejo
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La Jornada