El presidente estatal del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, cuestionó al Gobierno de Campeche por la incertidumbre que rodea la operación de las plataformas digitales de transporte y exigió una explicación clara sobre por qué una legislación que, supuestamente, ya fue aprobada sigue sin aplicarse plenamente.
El dirigente petista afirmó que las recientes declaraciones del titular de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, contrastan con la postura que el propio Gobierno estatal sostuvo durante 2025, cuando aseguró que las plataformas digitales ya estaban contempladas en el marco legal para prestar servicios de transporte en la entidad.
Sin embargo, señaló que actualmente existe un nuevo conflicto derivado de los operativos y aseguramientos de vehículos que trabajan mediante aplicaciones digitales, situación que ha generado incertidumbre tanto entre los conductores como entre los usuarios.
Gómez Saucedo también puso en duda la legalidad de algunas actuaciones de las autoridades, al advertir que reconocer públicamente detenciones o aseguramientos realizados sin respetar plenamente el debido proceso podría derivar en responsabilidades para los funcionarios involucrados.
Por ello, pidió aclarar cuál es el fundamento jurídico de los operativos contra conductores de plataformas y si las autoridades cuentan con las facultades legales necesarias para llevarlos a cabo.
El dirigente recordó que la llegada de las aplicaciones de transporte fue bien recibida por amplios sectores de la ciudadanía, al representar una alternativa frente a las deficiencias históricas del servicio público de transporte.
Además, destacó que quienes operan mediante estas plataformas proporcionan información personal, registran sus vehículos, cuentan con seguros y cumplen diversos requisitos establecidos por las propias aplicaciones, lo que permite una mayor trazabilidad de los servicios.
Gómez Saucedo sostuvo que existe una clara contradicción entre los anuncios oficiales realizados en años anteriores y las acciones que actualmente emprenden las autoridades estatales.
“Si la ley fue aprobada, ¿por qué siguen los operativos? Y si no puede aplicarse, entonces alguien tiene que explicar qué ocurrió durante el proceso legislativo y administrativo”, planteó.
Asimismo, cuestionó si el Congreso del Estado aprobó correctamente la reforma correspondiente, si la Consejería Jurídica publicó el decreto en los términos autorizados o si durante el proceso hubo modificaciones que terminaron impidiendo la entrada en vigor de las disposiciones relacionadas con las plataformas digitales.
El dirigente estatal del PT consideró que las declaraciones de representantes del propio Congreso, quienes han señalado que la regulación ya estaba prevista en el marco legal vigente, hacen aún más urgente que el Gobierno del Estado aclare qué está frenando la operación formal de estos servicios.
Finalmente, exigió transparencia y certeza jurídica para evitar que continúe la confrontación entre taxistas, conductores de plataformas y autoridades, en un tema que sigue sin una respuesta definitiva por parte del Gobierno estatal.
Edición: Emilio Gómez
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